Orihuela (Alicante) es uno de los feudos del PP valenciano en el que todos sus alcaldes han acabado condenados o procesados por corrupción. El actual candidato popular a la alcaldía en las próximas elecciones municipales del 28M, José Vegara, está procesado por los presuntos delitos contra la hacienda pública y fraude del IVA en una causa abierta desde 2011.
Vegara fue designado candidato a la alcaldía por el exprimer edil, el controvertido Emilio Bascuñana, que fue apartado del cargo después de que saliera adelante una moción de censura impulsada contra él tras ser imputado por estar seis años cobrando de la Conselleria de Sanidad sin acudir a su puesto de trabajo.
De hecho, la Fiscalía Anticorrupción solicita para Bascuñana tres años de cárcel y seis de inhabilitación por los presuntos delitos de prevaricación y malversación. El exprimir edil popular habría cobrado de forma indebida fondos públicos por 141.031 euros entre noviembre de 2007 y diciembre de 2011, una cantidad cuya devolución exige la Conselleria de Sanidad, que denunció el caso y está personada en la causa como acusación particular.
Sin embargo, no se trata ni mucho menos de los primeros casos de corrupción que afectan a los populares de la capital de la Vega Baja del Segura. Luis Fernando Cartagena, alcalde entre 1987 y 1997 —primero con Alianza Popular y después con el PP—, además de conseller del Gobierno autonómico de Eduardo Zaplana, fue condenado en 2002 junto con el empresario Ángel Fenoll por los delitos de falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos por el escándalo del donativo de 49.000 euros de las Hermanas Carmelitas del hospital municipal San Juan de Dios del que se apropió.
La Audiencia Provincial de Alicante, en una sentencia confirmada por el Tribunal Supremo, consideró que Cartagena “hizo suyos con intención de propio beneficio” 49.000 euros procedentes del superávit de gestión del hospital municipal San Juan de Dios, de las Hermanas Carmelitas, cantidad que recibió en 1993 y que, según el fallo, no ingresó en las arcas municipales. En 2008, ingresó en el Centro Penitenciario Alicante II (Villena) para cumplir la condena.
Su sucesor, el popular José Manuel Medina, ostentó la vara de mando del consistorio entre 1995 y 2007. Medina fue condenado a siete años de inhabilitación para ejercer un cargo público por un delito de prevaricación al no haber reclamado la restitución de un terreno en la costa por valor de 2,1 millones de euros.
“El alcalde Orihuela, siendo plenamente consciente de lo injusto y arbitrario de su pasividad, no sólo no adoptó alguna medida tendente a la ejecución de acciones en los tribunales sino que, además, no realizó actividad alguna para restaurar el equilibrio patrimonial del municipio”, sostenía la sentencia.
Por su parte, Mónica Lorente, alcaldesa entre 2007 y 2012 y diputada autonómica del PP, fue imputada en el 'caso Brugal', en la pieza relativa a la contrata de las basuras de Orihuela, junto con su antecesor, José Manuel Medina. Ambos fueron absueltos al haberse anulado las escuchas telefónicas y las grabaciones que aportó a la Fiscalía Anticorrupción el empresario Ángel Fenoll.
Sin embargo, Mónica Lorente fue condenada en 2016 por falsedad documental a nueve meses de inhabilitación y a una multa de 2.700 euros por el denominado caso Escorratel, tras una denuncia de Los Verdes, la formación que gobernó en Orihuela entre 2011 y 2015. Lorente adjudicó las obras de mejora de la plaza ubicada junto al centro social de El Escorratel a una empresa sin concluir la tramitación del preceptivo expediente administrativo, según confirmó la Audiencia Provincial de Alicante.
Emilio Bascuñana, alcalde desde 2015, perdió la vara de mando tras una moción de censura a la que se sumó Ciudadanos y que convirtió a la socialista Carolina García en alcaldesa. Bascuñana, según las conclusiones de la investigación, trabajó en la Dirección Territorial de Sanidad en Alicante “sin que se indicara las tareas ni las funciones que debía desempeñar”. Así, el exalcalde se enfrenta a una petición de pena por parte de Anticorrupción de tres años de cárcel.
Su sucesor al frente del PP de Orihuela y candidato de la formación en las próximas elecciones municipales del 28M figura como procesado por los presuntos delitos contra la hacienda pública y fraude del IVA y la Fiscalía ya ha pedido la apertura de juicio oral. Así, el PP continúa con su tradición en Orihuela, uno de los grandes feudos de los populares en las comarcas alicantinas.