Juicio a la “hecatombe” de la covid en la residencia de Alcoi: “No funcionaba bien por la escasez de trabajadores”

“Quiero que se haga justicia”. María Consuelo V. tenía a sus padres ingresados en la residencia de mayores Domus Vi de Alcoi (Alicante), de gestión privada y titularidad pública. Su madre falleció por covid en abril de 2020, en la peor etapa de la pandemia. La mujer declaró como testigo ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Alcoi en el primer juicio en España por la vía civil contra la entidad gestora de una residencia de mayores. En el proceso, impulsado por la Asociación de Familiares Afectados en las Residencias DomusVi de Alcoy y Cocentaina, están personados 46 allegados de 18 de las 74 víctimas mortales del primer mes de la pandemia (murieron el 52% de los mayores internos), con una petición de indemnización de más de dos millones de euros.

La segunda sesión del juicio, celebrada este martes, vino precedida por la declaración del médico Manuel Pérez, jefe de la Unidad de Hospitalización Domiciliaria del Hospital Virgen de los Lirios, quien acudió a la residencia el 12 de marzo de 2020, dos días antes de la declaración del estado de excepción. El galeno describió la situación como una “hecatombe”, con un tremendo “caos organizativo”, con “falta de personal” y sin aislamiento de los residentes con síntomas. Un “abandono” y una “desorganización” que no vio en otras residencias que visitó, declaró. Un gerocultor, que también compareció en la primera sesión de la vista, calificó de “nefasta” la gestión del centro.

Todos los testigos incidieron en situaciones muy parecidas. Conchín, una mujer cuyo padre falleció la madrugada del 16 de marzo de 2020 explicó que su intención no era “cobrar dinero” sino obtener justicia. “Por suerte o por desgracia fue de los primeros en morir”, dijo. El hombre había sido ingresado una semana antes en el hospital a consecuencia de una sonda que le habían puesto incorrectamente en la residencia. En el centro sanitario recomendaron que volviera a la residencia para evitar el contagio en el hospital. Sin embrago, nunca fue aislado.

La testigo relató su último contacto con su progenitor: “Me dejaron entrar a mí solo cinco minutos acompañada de la psicóloga, no estaba aislado, al lado estaba el compañero [de habitación]. Lo justo para darle un abrazo, un beso y nada más”.

Mónica M., cuyo suegro falleció en la residencia la madrugada del 21 de marzo de 2020, lamentó que la residencia no informara posteriormente a los allegados sobre las circunstancias del fallecimiento de sus seres queridos: “Nos hubiera gustado, y creo que es muy razonable, que nos explicaran cuál fue el proceso, quién lo atendió y en qué condiciones llega a fallecer”.

La mayoría de los testigos de la segunda sesión del juicio fueron mujeres. Enrique, el marido de María Cecilia V., falleció meses antes de la pandemia, el 7 de octubre de 2019. La mujer, al igual que el resto de testigos, incidió en la falta de personal en la residencia: “Noté que allí faltaba mucha gente para atender humanamente a las personas que estaban ingresadas”. De hecho, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas sancionó a la residencia con una multa de 40.000 euros en el marco de un expediente previo a la pandemia por falta de personal, tal como informó este diario.

“El trato no era humano”

También recordó que “unas personas que han trabajado toda la vida, tiene sus derechos a estar bien atendidas”. No era el caso, a tenor de los testimonios de los familiares, que suscribieron una queja a la dirección, firmada por 127 personas, antes de la carnicería que supuso la covid en el centro privado.

“El trato no era humano, no por las personas que trabajaban allí que estaban mal pagadas y supercargadas [de trabajo] y no podían atender”, dijo la testigo, que centró sus críticas en la dirección de la residencia. “Eran personas muy vulnerables que necesitaban atención y no la tenían”, abundó.

La madre María Consuelo V., que sufría alzheimer, falleció el 14 de abril de 2020 a consecuencia del covid-19. La testigo lamentó que recibió una “información muy sesgada” y limitada. “Solo decían lo imprescindible”, afirmó ante el juez. La mujer aseguró que, en la residencia, “las cosas no funcionaban bien a causa de la escasez de trabajadores”.

La testigo relató una situación ilustrativa de la condiciones de la residencia que sufrió su padre, también residente y fallecido en 2019. El hombre se rompió la cadera tras una caída. Sin embrago, en la residencia, según dijo, ni siquiera se dieron cuenta de que se había roto la cadera. “Tuvieron las santas narices, si se me permite decirlo así, de vestirlo con la cadera rota y de sentarlo en la sala de estar por la mañana, solo con verlo me di cuenta de que allí pasaba algo”, declaró en el juicio.

La tanda de testigos de la segunda sesión del juicio reflejó una residencia con falta de medios y una situación caótica ante la pandemia del covid-19. Los allegados de los fallecidos que declararon, todos en tono afligido, relataron la impotencia que sintieron ante la falta de medios en la residencia y ante la poca información que recibían sobre el estado de sus seres queridos. “Eran todos personas, no eran cosas”, dijo María Cecilia V.