La Asociación de Juristas Valencianos (AJV) ha reclamado al gobierno de Pedro Sánchez que incluya la recuperación del derecho civil valenciano en la propuesta de reforma de la Constitución que aprobará este viernes el Consejo de Ministros para acabar con los aforamientos a políticos. El presidente de la asociación, José Ramón Chirivella, ha explicado a este medio que “si Sánchez está dispuesto a cambiar la Constitución, en lugar de cambiarlo por un tema, que lo cambie por dos”.
En 2016, el Tribunal Constitucional (TC) anuló las normas del derecho civil valenciano en materia de régimen económico matrimonial, uniones de hecho y custodia compartida, todas ellas reguladas en el Estatuto de Autonomía. Unas sentencias que incluso advirtieron un año antes desde la AJV que se podrían producir. Fue entonces cuando iniciaron una campaña para reclamar el apoyo a la competencia estatutaria por parte de municipios, asociaciones e instituciones. Hasta la fecha ya han apoyado esta petición 325 ayuntamientos de todas las comarcas, “y con alcaldes de todas las ideologías, que representan a más de 4,2 millones de valencianos”, afirma Chirivella.
De esta forma llegó mayo de este 2018 cuando lograron el consenso de PSPV, Compromís, Podemos y PP para que Les Corts registraran una Proposición de Ley con el objetivo de reformar la disposición segunda de la Constitución. “Una modificación que definimos como técnica o menor, porque lo que pretende es evitar discordancias entre la Constitución tras las sentencias del Tribunal Constitucional y el Texto del Estatuto Valenciano”, aclara el presidente de la AJV.
Conscientes de la dificultad que entraña que el ejecutivo de Pedro Sánchez incluya el derecho civil valenciano en la reforma de la Constitución, petición a la que hay que sumar la de Compromís, que aboga por incorporar la financiación autonómica, la AJV afronta otra dificultad, la de convencer a Ciudadanos.
Este es el motivo de que continúe en punto muerto la Proposición de Ley en Les Corts. “Seguimos pendientes de su posición y seguimos queriendo que se sumen”, señala Chirivella, que desea que el congreso valenciano apruebe de manera definitiva el texto antes del 9 de octubre, día de la Comunidad Valenciana. Por su parte, el partido naranja sigue sin aclarar su postura. “Estamos estudiando la propuesta y todavía no hay nada decidido”, asumen fuentes de la formación de Albert Rivera, cuyo discurso nacional en esta cuestión ha girado en torno a la defensa de un criterio jurídico único para todas las autonomías.
Sin embargo, otras regiones como Cataluña, Aragón, País Vasco, Baleares o Galicia sí que disponen de derecho civil propio a través de unas competencias que no han sido recurridas por el gobierno central, como sí ha ocurrido con la Comunidad Valenciana, lo que en palabras de Chirivella, constituye una “injusta discriminación”.