Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', escuchaba atentamente al fiscal anticorrupción desde su asiento en el banquillo de los acusados en el juicio por la pieza separada J del 'caso Taula'. La sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia afronta las últimas sesiones del primer juicio de la trama de presunta corrupción en el que el Ministerio Público solicita una pena de ocho años de prisión para Benavent tras su inopinado cambio de estrategia jurídica de defensa, basado en desdecirse de todo lo que declaró durante la fase de instrucción y en tratar de desacreditar la investigación la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El objetivo prioritario de la defensa del 'yonqui del dinero', que ejerce el penalista Juan Carlos Navarro, se centra en torpedear la cadena de custodia de las diez horas de grabaciones que aportó el exsuegro de Benavent (el empresario Mariano López, también procesado en otra pieza separada del 'caso Taula') al titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia.
Anticorrupción afronta el final del juicio apostando a caballo ganador. Uno de los dos testaferros de Benavent, José Estarlich, ha alcanzado un pacto de conformidad con la Fiscalía tras su demoledor testimonio en el que confesó que era un hombre de paja que sirvió para blanquear el botín saqueado por el 'yonqui del dinero' en Imelsa, la empresa pública de la Diputación de Valencia.
Para asegurar aún más una contundente condena, el fiscal anticorrupción Pablo Ponce ha pronunciado una lección magistral durante la fase de conclusiones definitivas del juicio oral para despejar cualquier duda susceptible de debilitar la acusación. Ponce ha citado una veintena de sentencias del Tribunal Supremo (TS) sobre el aval a las grabaciones efectuadas por uno de los interlocutores en la conversación —tal era el caso de Benavent— y sobre el blanqueo de capitales, entre otros asuntos claves para el juicio de la pieza separada J del 'caso Taula'.
“Solamente hay unos audios”, ha dicho el fiscal. A pesar de que, tanto Rosa Pérez Garijo, entonces diputada provincial de Esquerra Unida y actual consellera de la Generalitat Valenciana, como el exsuegro de Benavent, aportaron dispositivos diferentes con las grabaciones, el código hash de los audios (la sucesión alfanumérica que identifica un conjunto de datos) demuestra que se trata de los mismos registros sonoros de los trapicheos de la presunta banda corrupta. Rosa Pérez Garijo aportó primero un pen drive y Mariano López otro lápiz de memoria y un ordenador portátil que el 'yonqui del dinero' había dejado en su domicilio. Todos los dispositivos informáticos fueron precintados en sede judicial. “Lo realmente relevante es la existencia de unos únicos audios con independencia del soporte”, ha remachado el fiscal.
“A lo largo de la instrucción nadie pone en tela de juicio que existan otros audios distintos y en ningún momento Marcos Benavent manifiesta que no se corresponda con lo grabado”, ha recordado Ponce, quien también ha señalado que las declaraciones del 'yonqui del dinero' han sido “especialmente relevantes”. “La Guardia Civil le va poniendo los audios en concreto que considera relevantes para que dé las explicaciones pertinentes”, ha agregado. Benavent incluso explicó a la UCO el motivo por el que grabó a sus compinches: era “una especie de seguro de vida en caso de que le pasase algo”.
“Una persona que deja en casa de otra persona cualquier tipo de grabación lo hace de manera voluntaria y ya no tiene su derecho a la intimidad”, ha afirmado el fiscal. “Vamos a citar innumerables sentencias del Tribunal Supremo”, ha advertido el representante del Ministerio Público antes de enumerar la abundante jurisprudencia del alto tribunal, que sostiene que “en ningún caso las grabaciones por parte de interlocutores de una conversación con otras personas supone una vulneración de ningún derecho fundamental”.
Además, el fiscal ha recordado que el lápiz de memoria que adjunta la denunciante Rosa Pérez Garijo a su denuncia inicial del 'caso Taula', y que figura en el folio 54 del sumario, “incluye innumerable documentación”. “Nadie de las defensas se ha tomado la molestia de consultarlo, ahí está incólume”, ha dicho a modo de dardo.
El representante del Ministerio Público también ha recordado que el TS estableció que “el hecho de que uno de los acusados se niegue a declarar en el acto de la vista oral no aniquila las declaraciones que ha prestado en sede policial con letrado, no borra sus declaraciones”, en referencia al volantazo en la estrategia jurídica de la defensa de Marcos Benavent.
El fiscal Pablo Ponce ha recordado que las empresas pantalla del 'yonqui del dinero' abonaron campañas del PP de la provincia de Valencia (concretamente las municipales del 2007 en Montcada y Vilamarxant y las generales del año siguiente). “La manera de recuperar el dinero es inflar las facturas a Imelsa, una sociedad pública cuyo diseño es evidentemente el de defraudar y que carecía de cualquier tipo de control”, ha afirmado. “La fiesta no la pagó el PP”, ha apostillado.
El representante de la Fiscalía Anticorrupción ha recordado que una sentencia firme acredita la caja B del PP (“pagada por los empresarios”) en una época contemporánea a la de las elecciones que abonó la firma pantalla del 'yonqui del dinero'.
El testaferro “Jaimito”
Sobre el empresario Rafael García Barat, también acusado en la pieza J del 'caso Taula', el fiscal ha recordado que era “común” que aportara facturas falsas (el aludido consultaba el móvil con las piernas cruzadas en la silla de ruedas que utiliza durante el juicio debido a problemas de movilidad). Además, también ha dicho que hubo un “concierto” entre García Barat y la funcionaria Francisca Tamarit (“es que se envían facturas y presupuestos”, ha exclamado). La aludida negaba con la cabeza.
Al testaferro Jaime Úbeda lo ha puesto de vuelta y media: “Como él mismo reconoce no es un bobito, él cobra. La única idea era mantener oculto a Marcos Benavent para canalizar las ganancias”. Tal como ha confesado el otro testaferro (y han comprobado los investigadores de la UCO a partir de la documentación bancaria), las facturas “son falsas”. Benavent conoce a Úbeda “desde hace muchos años y lo llamaba Jaimito”, ha recordado el fiscal, quien considera que el acusado “no es ningún empresario”. “Úbeda tradicionalmente es una persona que ha hecho negocios con él a través de ser testaferro y hacer facturaciones simuladas. Lo que hace es lo que sabe hacer: facturas falsas”, ha concluido.
El exdirectivo económico-financiero de Imelsa, epicentro del saqueo del 'caso Taula', se ha llevado otro rapapolvo del fiscal anticorrupción, quien ha afirmado: “Podemos resumir su actuación como todo tiene un precio”, concretamente una “notable facturación a través de retribuciones por productividad”. Así, según ha recordado el representante del Ministerio Publico, sólo en diciembre del 2013, cobró 20.000 euros en productividad y su finiquito ascendió a 60.000 euros.
Pablo Ponce ha aludido a la sentencia del TS sobre el 'caso Emarsa', otro espectacular saqueo de los fondos públicos, por la que fue condenado el director financiero “por el control efectivo que tiene de los fondos públicos”. Enrique Arnal, el homólogo de Montbalch en la empresa pública Emarsa, alegó ante el TS un llamativo argumento para intentar eludir la condena a ocho años y seis meses de prisión: su consumo “de forma continuada” de anfetaminas. El alto tribunal concluyó que la “drogadicción” del directivo nombrado por el PP no le eximía de la responsabilidad penal. A modo de conclusión sobre el directivo de Imelsa, el fiscal ha recordado que “el invento de la empresa pública hay que agradecérselo al señor Gil [y Gil]”, un comentario que ha provocado hilaridad al 'yonqui del dinero'.
El letrado del PP: “No hay más que indicios”
El fiscal también se ha referido a una sentencia del TS que condena al PP como responsable civil subsidiario por pagos abonados por un ayuntamiento. El partido, representado en el juicio por el letrado Jorge Carbó, se benefició de los tejemanejes del 'yonqui del dinero' para financiar determinadas campañas electorales, entre ellas la del entonces número dos de Alfonso Rus en la Diputación de Valencia y alcalde de Montcada, Juan José Medina, también acusado.
El exgerente del PP en la provincia de Valencia, José Antonio Moscardó, declaró como testigo en el juicio y se desentendió de las presuntas irregularidades en la financiación de las campañas, de las que Medina era coordinador provincial. “Lo que no puede ser es que tengamos leyes que obliguen a llevar la contabilidad al Tribunal de Cuentas y venga un gerente y diga que se apañen. Las leyes son iguales para todos”, ha dicho Ponce. “Quien se beneficiaba del pago era el PP”, ha apostillado.
El letrado del partido, el único de las defensas que ha expuesto sus conclusiones en esta sesión del juicio, ha argumentado que “no hay más que indicios, no pruebas” —“todo está en condicional en el informe de la Guardia Civil”— para pedir que la formación no sea considerada responsable civil subsidiaria. El abogado Jorge Carbó ha defendido la “versión alternativa, razonable y exculpatoria” según la cual los ediles pagaron de su bolsillo la campaña. “Los políticos no son responsables, el señor Medina es un cargo político y parece que el coordinador de campaña sea el todopoderoso factótum cuando al final lo que decide el coordinador es qué candidato va a cada municipio a los diferentes actos”, ha concluido el letrado del PP.
Tras las conclusiones del resto de las defensas en las siguientes sesiones, el primer juicio del 'caso Taula' quedará visto para sentencia.