Es uno de los barrios más pobres de Valencia y le acompaña el estigma de la delincuencia y la marginación. La Coma, en Paterna, está “a tres kilómetros de todo”. A un lado, la autovía de Ademuz corta las comunicaciones a pie; al otro, urbanizaciones de lujo como trincheras. Muros de cemento envuelven un barrio creado para dar cobijo a quienes vivían en chabolas y que terminó convirtiéndose en una especie de gueto que, para los de fuera, se ve como un foco de criminalidad.
Crecer en La Coma es hacerlo en un entorno hostil que no mejora cuando uno intenta salir de él. Lo es tanto que hasta la asociación que capitanea las reivindicaciones del barrio lleva este nombre. Cuando llegan a la mayoría de edad, explican algunos vecinos, intentan buscar una vivienda de protección oficial o un piso público en el que poder comenzar un proyecto vital.
Precisamente en este barrio hay varios cientos de viviendas de alquiler social. Su función primaria es también su disputa. Después de décadas de abandono, sin ejecución de las adjudicaciones de los pisos, algunas familias decidieron instalarse por su propia cuenta en los pisos vacíos. Los Ejecutivos anteriores no demostraron demasiado interés en mantener una política de vivienda pública que garantizara el acceso de los ciudadanos a un techo, como han reconocido todas las fuentes consultadas.
Después de tanta espera, varios grupos de mujeres ocuparon los pisos y los fueron rehabilitando por su cuenta, hasta que en 2015 comenzaron a recibir las cartas de desalojo porque esas viviendas iban a ser rehabilitadas para el parque público. “Hay gente que lleva esperando 5 años una adjudicación, que están en la lista, y no saben nada”, cuenta Aurora, una de las vecinas de los bloques. En al menos una veintena de casos, explican desde la asociación, se está tramitando el desalojo para reincorporar estos pisos a la lista de adjudicaciones de vivienda social.
Dados los problemas de ocupación ilegal en un parque público prácticamente abandonado, la conselleria de Vivienda, en una resolución del 4 de abril de 2017 dio validez a las ocupaciones de los edificios de La Coma antes de 2015, mientras comenzaba la rehabilitación del resto. De momento, ha invertido cerca de 2 millones de euros en el barrio, ha rehabilitado 100 viviendas y adjudicado las primeras decenas. El Ejecutivo del Botánico reconocía en la resolución que dado el escaso interés de administraciones anteriores por mantener en buenas condiciones este barrio de Paterna, no era de extrañar que los vecinos en situación de emergencia social hubieran buscado un techo. “Dado el alto número de viviendas del parque público de la Generalitat ocupadas sin título y la repercusión social que ello implica, puesto que muchos de los ocupantes cumplen con las condiciones para ser adjudicatarios de viviendas de promoción pública, y además en algunos casos se encuentran en situación de vulnerabilidad social, se considera prioritario regularizar su situación, no solo para normalizar el patrimonio de promoción pública sino para evitar el desalojo forzoso de los ocupantes de las referidas viviendas, cuando no tienen alternativa para acceder a otra vivienda del mercado libre”, dice parte de la resolución.
La misma normativa ofrecía varias soluciones a las ocupantes, para lo cual debían acreditar que residían en el piso antes de 2015, cuando cambia la política de Vivienda. Estas personas deben acreditar situación de vulnerabilidad, tiempo de ocupación de la vivienda y que se trata de su hogar habitual y permanente antes de julio de 2015. “También deben asumir el pago de una renta adecuada a su situación económica y los gastos de comunidad y no deben tener problemas de convivencia con el resto de vecinos”, indica la conselleria. No obstante, no todas las familias cumplen los requisitos y, por ende, no están autorizadas a quedarse.
Aurora, con otras 25 mujeres, denuncia esta situación en el documental 'Hijas de La Coma', una producción amateur de varios estudiantes y de técnicas que colaboraban con la asociación Crecer en La Coma. “Creemos que puede ser herramienta para dar a conocer la lucha de las vecinas”, dice Jaume, uno de los autores. “Son situaciones contradictorias y alarmantes: se quedan familias con hijos en la calle y están excluidas de las mesas de negociación”, añade Aina, también productora del documental.
En 50 minutos, el audiovisual narra la historia de las mujeres del barrio, que han ido protagonizando reivindicaciones para paralizar sus desalojos, mostrando una realidad que, denuncian, no aparece en los medios. “No queremos una mansión, ni una casa bonita, sólo queremos un techo digno”, clama Aurora. Las vecinas no entienden por qué desde consellería no llenan primero las viviendas vacías en lugar de desalojar las que se tomaron por su cuenta.
El problema, señalan las vecinas, viene a la hora de solicitar la vivienda protegida una vez llega la carta de desalojo. O, incluso, para acogerse a la propuesta de conselleria, ya que entre los requisitos pide que se justifique la residencia en esos años, con alguna factura de luz o gas, por ejemplo. Algunas carecen de documentación porque no han seguido los trámites para tener suministro, mientras que otras, con todos los papeles en la mano, ven con desesperación la lentitud administrativa.
“No le hemos robado la casa a nadie, no la hemos destrozado, eran pisos vacíos y abandonados”, explica Aurora, que reconoce que no fue la mejor opción ocuparla, pero que en algunos casos no les queda más remedio. Sin empadronamiento, por ejemplo, no pueden llevar a los niños al colegio.
La conselleria defiende que no se están desahuciando familias, sino que se desalojan pisos que han sido ilegalmente ocupados y que no se ajustan a la normativa de abril de 2017. Además, señalan, las familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad deben acudir a InfoHabitatge (la oficina de Vivienda para casos de emergencia) donde se les asigna un piso temporal a las solicitantes. “Algunas de las personas que ocupan irregularmente una vivienda, en los registros de la conselleria constan que residen en otros pisos públicos de La Coma, algunos con sus progenitores, que se benefician de bonificaciones en el alquiler por ello y se aplican por número de miembros de la unidad familiar e ingresos. Esto implica una importante irregularidad que podría devenir en la resolución del contrato inicial de la vivienda pública o en la perdida de la bonificación, tras la tramitación del correspondiente procedimiento administrativo”, señalan desde Vivienda a eldiario.es.
En el caso de Paterna, la lista de solicitantes de vivienda asciende a 272, según los datos de la Generalitat. “Las personas que están ocupando irregularmente una vivienda del parque público están privando de su derecho a otras familias necesitadas que sí cumplen con la legalidad establecida en el sistema de adjudicaciones. Además, impiden la rehabilitación de la vivienda y suponen un riesgo para el propio ocupante y el resto de vecinos puesto que, en la mayoría de los casos, las ocupaciones van acompañadas de enganches ilegales a las redes de suministros”, argumenta conselleria.
En la asociación insisten en que se dan casos incomprensibles para las habitantes. Como que el proceso de desalojo y de regularización de la vivienda vayan paralelos y a las vecinas les lleguen ambas cartas. La asesoría jurídica del colectivo -que, señalan, valoran la acción del Consell en el barrio- ha conseguido paralizar por la vía judicial al menos cinco desalojos, dada la extrema situación de algunas vecinas -hay, entre otras, una mujer enferma de cáncer y otra que necesita un domicilio para mantener la libertad condicional, además de madres de varios niños que se encuentran en paro-.
En un informe de Fiscalía al que ha tenido acceso eldiario.es, el fiscal informa desfavorablemente de la ejecución de uno de estos desalojos de una persona en un delicado estado de salud porque considera que “no consta por parte de la Administración se hubiere valorado medida alguna para garantizar a la persona ocupante el derecho a una vivienda asequible, digna y adecuada”, apelando a la Ley de Función Social de la Vivienda y a la carta de derechos sociales.
Por el momento, la entidad que gestiona la vivienda pública (EVHA, anterior EIGE) ha constituido una mesa con el Ayuntamiento de Paterna para dar solución a las personas que sean desalojadas de estos pisos. El ayuntamiento está trabajando en la elaboración de un plan local de Inclusión que busca trabajar la cohesión social a través de metodologías participativas en el ámbito comunitario.