MAPA | Templos y catedrales inmatriculados por la Iglesia valenciana: se abre la vía para intentar recuperar los bienes

Los vecinos de Valencia han descubierto que la Catedral, así como sus “dependencias complementarias”, fue inmatriculada por el Arzobispado tras la reforma legislativa del Gobierno de José María Aznar. ¿Incluye esta inmatriculación la espléndida torre del Micalet? Las instituciones eclesiásticas registraron como propios cerca de un millar de inmuebles en la Comunitat Valenciana, desde templos de culto hasta terrenos, locales y viviendas parroquiales. El mapa autonómico muestra los bienes inmatriculados por la Iglesia en el territorio valenciano, incluyendo la Catedral de San Nicolás de Alicante o las iglesias del Temple y de San Juan del Hospital de Valencia, auténticas joyas patrimoniales de la capital del Turia. En total, la Iglesia valenciana inmatriculó 912 bienes (de los cuales 726 son templos y dependencias complementarias).

La inmatriculación de algunos vestigios patrimoniales plantea dudas. La iglesia de Santa María del Temple, que forma parte del convento y colegio neoclasicista construido en el siglo XVIII y es un anexo al palacio que alberga la Delegación del Gobierno en València, fue inmatriculada por el Arzobispado de València. En la lista también destacan las iglesias de Santa Catalina y de San Lorenzo. En el caso de la catedral, se desconoce si las “dependencias complementarias” inscritas por el Arzobispado incluyen la torre del Micalet, en la que las autoridades eclesiásticas cobran entrada para subir y que es una de las señas arquitectónicas de la ciudad.

En otras localidades, como Alpuente (Valencia), la Parroquia de la Asunción de Benaguasil inmatriculó cinco edificios de actividades pastorales de la aldea El Chopo. En Benicarló (Castelló), el ayuntamiento mantiene un litigio con la Iglesia por la inmatriculación del campanario levantado a principios del siglo XVIII junto a la Iglesia de Sant Bertomeu y cuyo mantenimiento se sufraga a cargo del presupuesto municipal. Una situación similar a la del campanario del Fadrí en Castelló, de titularidad municipal.

El Ayuntamiento de València ha pedido un informe para estudiar el patrimonio inmatriculado, con especial interés en las viviendas, almacenes y otras dependencias que aparecen en la lista, que alcanza los cuarenta bienes en la ciudad. De tener carácter público, ha advertido el alcalde Joan Ribó, se pondrán en marcha los procesos legales correspondientes para recuperarlos: “No se trata de los bienes de culto, pero evidentemente hay propiedades de distinto tipo que, en principio, no está clara su pertenencia a la Iglesia”. Además de revertir la propiedad, el consistorio podría exigir el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los edificios que entren en los supuestos.

La Generalitat Valenciana también explora las vías legales para recuperar los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia. La consellera de Transparencia y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, se ha reunido con representantes del Colegio de Registradores de la Comunitat Valenciana para poner en marcha acciones que permitan la reversión de inmuebles públicos que se encuentren en la lista de inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica.

La coordinadora Recuperando, que agrupa a más de 20 asociaciones patrimonialistas, lamenta que, a pesar de que la publicación de los bienes es un “éxito sin paliativos de las asociaciones ciudadanas”, la lista es “parcial e insuficiente” porque no incluye los bienes inmatriculados desde 1946 ni se han facilitado las notas simples de los registros de la propiedad, “lo que complica enormemente la identificación de las fincas inscritas”. Así, la coordinadora Recuperando calcula que el número global de inmatriculaciones en España podría ascender a casi 100.000.

Recuperando considera que las inmatriculaciones son nulas de pleno derecho. “Si los obispos quieren inscribir bienes que presuponen de su propiedad deben hacerlo por los cauces ordinarios y con los mismos dispositivos registrales que cualquier ciudadano para evitar abusos como la apropiación de miles de inmuebles sin aportar título material, muchos de los cuales integran el valiosísimo legado cultural”, denuncian. 

Una opinión que comparte la activista Raquel Ortiz, de València Laica: “Nuestra reivindicación era una lista de los bienes inmatriculados entre 1946 y 2015, siempre hemos dicho que había que recuperar todos los bienes inmatriculados por la Iglesia”. “Ahora deberán litigar los municipios y los particulares y tendrán que acreditar que eso les pertenece”, apostilla Ortiz, quien señala: “Es lo contrario de lo que pedíamos”. “¿Qué van a tener que litigar, 20 o 25 años?”, se pregunta.

“No estamos en contra del uso de estos inmuebles religiosos, que sigan con misas y liturgia pero la titularidad no se la pueden arrogar, es del Estado”, precisa la portavoz de Valencia Laica, un colectivo que ya rastreó 1.500 inmuebles de la Iglesia que no pagan IBI. “La titularidad es una cosa y el uso es otra”, añade Ortiz, quien no oculta su decepción con el Gobierno.