Este martes se daba a conocer la sentencia de la Audiencia Nacional que condena por los delitos societarios continuados de falsedad contable y falsedad en la información a los inversores a penas que van de los dos años y nueve meses a los cuatro años de cárcel a cuatro exdirectivos de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), responsables del saqueo de la entidad. El tribunal ha absuelto a los otros cuatro acusados, Modesto Crespo, Vicente Soriano, Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa.
Se trata de los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós (tres años de prisión a cada uno de ellos), el exdirector general de Planificación y Control Teófilo Sogorb (cuatro años) y el exdirector general de Inversiones y Riesgos Francisco José García (dos años, nueve meses y un día).
La alicantina María Dolores Amorós, mano derecha de Roberto López Abad, fue la última directora general de CAM, entidad en la que entró a trabajar con apenas 20 años en 1982. Apenas duró unos meses en el cargo. Asumió la dirección general en noviembre de 2010 -relevó a López Abad, de quien fue su adjunta desde 2001- y en el verano de 2011 la entidad fue intervenida por el Banco de España. En agosto de 2011 los interventores del FROB primero la suspendieron de empleo y poco después, en septiembre, la despidieron al constatar irregularidades en su gestión en forma de “contabilidad creativa” y al entender que utilizó su cargo en beneficio propio.
Amorós, conocida en su meteórico ascenso como 'la maga de los números' por su habilidad para cuadrar las cuentas, se fijó como directora general un salario anual de 593.040 euros y pactó con el expresidente de la CAM, Modesto Crespo, una pensión anual vitalicia de más de 30.000 euros mensuales -370.000 euros al año-. En octubre de 2011 fue noticia de nuevo, cuando se apuntó al paro para tener derecho a una prestación por desempleo de unos 1.400 euros al mes.
En cuanto al mentor de Amorós y su antecesor en el cargo, Roberto López Abad (Alcoy, 1955), éste llegó a la dirección general de la CAM en 2001 con el beneplácito del entonces presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana y abandonó la caja definitivamente apenas unas semanas antes de la intervención del Banco de España. López Abad se embolsó una indemnización de 3,8 millones de euros y se fijó una pensión vitalicia de 345.000 euros anuales -ligeramente inferior a la de Amorós-.
Según los datos del Tribunal de Cuentas, el Banco de España ha inyectado en el rescate de la CAM unos 11.000 millones de euros. La caja alicantina fue saneada y posteriormente vendida al irrisorio precio de un euro al Banco de Sabadell.