El marido de una diputada del PP, a punto de ganar un 'supercontrato' de VPO en un barrio de València arrasado por la DANA

La empresa inmobiliaria del marido de una diputada del PP en el Congreso se ha postulado en solitario para hacerse con un 'supercontrato' de 221 viviendas de protección pública (VPP) del Ayuntamiento de València en, entre otras zonas, uno de los barrios del sur de la ciudad arrasados por la catastrófica DANA del pasado 29 de octubre. Se trata de la firma SFI Consulting, propiedad del empresario Javier Timoner Lloret, esposo de la diputada Alma Alfonso Silvestre, que forma parte de la junta directiva y del comité ejecutivo del PP de València, ambos presididos por la alcaldesa popular María José Catalá. La adjudicación, por procedimiento abierto, le otorgaría a la empresa el derecho de superficie para construir un total de 221 viviendas de protección pública en cuatro parcelas de propiedad municipal.

Alma Alfonso, además de diputada en el Congreso, encabeza la secretaría ejecutiva de Economía, Pymes y Autónomos del PP de València. También forma parte, como vicesecretaria de Empleo, Emprendimiento e Infraestructuras y secretaria de autónomos, del comité ejecutivo autonómico del PP valenciano, presidido por Carlos Mazón.

En sus redes sociales, la parlamentaria expone su cercanía al equipo de Catalá en actos oficiales en València (asistió con su marido a la reciente boda del concejal popular Juan Carlos Caballero, oficiada por la alcaldesa).

La diputada intervino en el Congreso el pasado 13 de noviembre para criticar al PSOE tras el ataque a Pedro Sánchez durante la visita oficial encabezada por los reyes (a la que también asistió el president valenciano Carlos Mazón) a Paiporta, localidad arrasada por la DANA. “Nosotros condenamos la violencia, pero no podemos criminalizar a personas que pasan por uno de los peores momentos en la vida, y no podemos confundir a ciudadanos desesperados con criminales organizados”, afirmó Alma Alfonso. 

Un “proceso transparente y público”, según el ayuntamiento 

Si la inmobiliaria resultara adjudicataria del contrato, asumiría todos los gastos de la construcción de los 221 pisos y los gestionaría directamente durante 65 años como viviendas de protección pública en régimen de alquiler asequible, con posibilidad de una ampliación por otros 10 años. Una vez presentada la única propuesta, los técnicos municipales deben valorar que la oferta de la inmobiliaria de Javier Timoner cumple con todos los requisitos exigidos en los pliegos de la licitación, como la solvencia técnica y económica, para continuar con la tramitación de la adjudicación.

El contrato, según el pliego de prescripciones técnicas, incluye tres parcelas en el barrio de Nou Moles del distrito de l'Olivereta, con una superficie total de 3.327 metros cuadrados, y una cuarta parcela —la R-15, de 1.728 metros cuadrados— en el sector de La Torre de los Poblados del Sur. El barrio de La Torre, situado al otro lado del nuevo cauce del Túria, quedó completamente arrasado por la DANA.

El plazo de presentación de ofertas finalizaba el pasado 12 de noviembre y, según confirman fuentes municipales a elDiario.es, solo se postuló la empresa inmobiliaria de Javier Timoner. Se trata de un “proceso transparente y público” al que se ha presentado “quien ha querido”, apostillan las mismas fuentes. Este diario ha tratado de preguntar a la diputada a través del gabinete de prensa del PP en el Congreso, que remite “al Ayuntamiento de València”.

El estudio de viabilidad, encargado a una “comisionista”

En los solares de Nou Moles, el contrato incluye la construcción de tres edificios de hasta siete alturas, con ático. En el barrio de Sociópolis, en La Torre, la empresa construirá, en caso de resultar finalmente adjudicataria, una torre de 20 alturas y 95 viviendas. El plazo de ejecución de las obras es de tres años.

El estudio de viabilidad económica, encargado por el Ayuntamiento de València a la empresa Raizde3 SL, calcula unos ingresos para la adjudicataria de 315 millones de euros por los arrendamientos de viviendas, garajes y trasteros (155 millones después de impuestos) y una inversión a realizar en la construcción de las viviendas de 82 millones, según ha informado el diario Levante-EMV. El contrato tiene un valor estimado en 413,5 millones de euros.

Raizde3 SL, encargada de los cálculos, tiene como objeto social, además de la construcción, la “actuación como comisionista e intermediario”, tal como indican los datos consultados en Registro Mercantil. El grupo municipal del PSPV-PSOE ya criticó el pasado 12 de septiembre el encargo del Ayuntamiento de València a la mercantil. “Ha entregado la gestión urbanística de la ciudad de València directamente a los especuladores para que puedan hacer negocio a su antojo”, denunció el portavoz socialista, Borja Sanjuán.

Un contrato diseñado sin garantía provisional

El pliego de cláusulas administrativas de la cesión de las parcelas públicas no exige a la empresa una garantía provisional, solo una definitiva (una vez adoptado el acuerdo de adjudicación y previamente a la formalización del contrato) del tres por ciento del total del presupuesto de ejecución material y otro tres por ciento del valor de las parcelas, este último calculado por los técnicos municipales en 196.196 euros.

La primera garantía provisional será devuelta cuando se cumpla el plazo de garantía de la obra (un año desde la firma del acta de recepción de las obras) mientras que la segunda regresa a manos de la empresa una vez finalizado o extinguido el derecho de superficie.

Un empresario procedente de Lubasa

SFI Consulting, la única empresa que se ha postulado al contrato, es propiedad de la promotora inmobiliaria Meliana Strategy SL, cuyo accionariado ostenta Javier Timoner, que también figura como administrador único. Esta última sociedad, según sus últimas cuentas depositadas ante el Registro Mercantil, declara unos activos de 6,5 millones de euros y anota unos beneficios en 2023 de 366.437 euros.

La promotora, fundada en 2009 y también vinculada a las adjudicaciones de activos inmobiliarios de la Sareb, el denominado 'banco malo', tal como publicó El Confidencial, ha gestionado activos inmobiliarios por un valor superior a los 500 millones de euros y comercializado más de 4.000 viviendas en todo el territorio español.

Javier Timoner inició su carrera profesional como director general de Lubasa Inmobiliaria, filial de la conocida constructora fundada por Luis Batalla, en la que trabajó entre 1996 y 2009, según indica su perfil de Linkedin. El empresario no ha contestado las llamadas de este diario.