El conseller de Educación, Vicent Marzà, llevará el próximo jueves a la Mesa Sectorial de Educación el borrador del decreto de admisión de alumnos de la Comunitat Valenciana que pretente “garantizar el derecho a la educación gratuito y en igualdad de condiciones” de modo que sean las familias “las que elijan los centros y no los centros a las familias”.
Este nuevo decreto prima en la baremación la proximidad (10 puntos), “para vertebrar el territorio y que los colegios estén más arraigados y las familias puedan participar de forma más activa”, o el tener hermanos matriculados en el centro (15 puntos), así como a las familias monoparentales (3 puntos), en lo que era una demanda del Síndic de Greuges.
Por otra parte, se eliminan los puntos que concedía el centro según su propio criterio o por ser antiguo alumno para evitar que haya “privilegios”, tal y como ha explicado el propio Marzà en declaraciones a los medios en los pasillos de las Corts Valencianes, quien también se refirió a que las instituciones que reciban ayudas públicas no podrán obligar a las familias a realizar aportaciones económicas a sus fundaciones.
A juicio del titular de Educación, todos los centros sostenidos con fondos públicos deben tener los mismos criterios de escolarización, ya que ha denunciado que con el anterior decreto “eran los centros los que acababan eligiendo el tipo de familia y de alumnado que querían”. Y puntualizaba que “no se obliga a nadie a ir a un centro”, ya que la preinscripción se puede realizar “en cualquie centro”. Será en caso de exceso de demanda cuando se recurra a la baremación.
Reacciones de colectivos de madres y padres
Desde FAPA-Valencia (Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos) han celebrado esta iniciativa porque pone fin al distrito único y se prima la proximidad del domicilio al centro, que consideran que era “clasista” y “creaba guetos”, tal y como declaraba su presidenta, Eva Grimaltos en declaraciones a Europa Press.
Por el contrario, desde Escuelas Católicas de la Comunidad Valenciana calificaban esta medida “ideológica” de “retroceso”, al tiempo que ha asegurado que el Consell tiene “animadversión” hacia la enseñanza concertada, que “se pretende combatir como sea”.