El Gobierno valenciano no permitirá la polémica ampliación norte del Puerto de Valencia si no realiza una nueva declaración de impacto ambiental. Es la advertencia que lanza la consellera de Cambio Climático y Transición Ecológica, Mireia Mollà, a la Autoridad Portuaria valenciana. La ampliación norte, un proyecto de hace más de una década, implica duplicar la capacidad de mover contenedores en el recinto portuario, con un mayor movimiento de grandes buques y más tráfico de camiones, aumento que presionaría para la ejecución de un acceso norte.
El proyecto heredado del gobierno del PP “no tiene ninguna norma que lo acompañe, tiene que hacer la declaración de impacto ambiental”, sostiene con rotundidad la consellera en una entrevista con eldiario.es, en referencia a la caducidad de la anterior evaluación, que el presidente del Puerto, Aurelio Martínez, sostiene que sigue siendo válida, pese a los cambios introducidos en la obra. Mollá asegura que exigirá el nuevo informe, que debe evaluar las modificaciones del proyecto original: “Exigiré la declaración de impacto hasta que se haga. Y si no, tendremos que emprender acciones”, advierte la consellera.
La adjudicación de la obra a la compañía naviera multinacional MSC, que tendrá la concesión del gigantesco muelle, se debía haber hecho efectiva el pasado mes de marzo, pero la entrada en vigor del estado de alarma, que deja en suspenso determinados trámites administrativos, ha frenado el proceso. Sin embargo, el Puerto mantiene la intención de seguir adelante sin nueva declaración de impacto ambiental y espera una resolución oficial del Gobierno que avale su postura.
El conflicto, advierte la responsable de Cambio Climático, puede acabar en los tribunales. Su departamento considera que no hay norma legal que ampare el proyecto, dado que la evaluación se realizó en 2007 y los planes del puerto han cambiado notablemente. “Todos los proyectos tendrán que tener perspectiva climática. En el contexto de cambio climático hay cuestiones que nunca se deberían haber producido”, expresa la consellera, preguntada por algunas infraestructuras construidas.
Semanas antes de la emergencia sanitaria en España, el Puerto de Valencia intentó eludir el conflicto político y social surgido en torno al proyecto eliminando dos polémicas cuestiones de los planos, con el objetivo de esquivar el nuevo informe: la prolongación en 500 metros del dique de abrigo y el dragado frente a la playa de El Saler, afectada por las operaciones portuarias.
No obstante, en el proyecto persisten las modificaciones que implican la construcción de un enorme muelle y el traslado de la terminal de cruceros a los antiguos astilleros de la Unión Naval.
Para el Ejecutivo autonómico, si las regiones del Mediterráneo son consideradas epicentro del cambio climático en Europa, la administración pública no puede contribuir a agravar las crisis climática. El camino es el contrario.