El Puerto de Valencia cerrará el actual ejercicio con un descenso del 70% en su volumen de negocio, del 80% en sus beneficios netos y prevé una caída del 11% en sus tráficos de cara al próximo año como consecuencia de la actual crisis del coronavirus.
El presidente de la Autoridad Portuaria (APV), Aurelio Martínez, ha ofrecido estos datos este viernes tras la reunión del consejo de administración en la que pese a la coyuntura de crisis, ha asegurado que la ampliación norte que duplicará la capacidad del Puerto y que supondrá una inversión pública de unos 400 millones de euros sigue adelante tal y como estaba previsto.
De hecho, Martínez ha asegurado que pese a la actual coyuntura la compañía TIL, filial de MSC, a la que se le adjudicará la concesión de la nueva terminal, no se replantea la inversión de 1.000 millones de euros en el proyecto.
La adjudicación se debía haber hecho efectiva el pasado mes de marzo pero la entrada en vigor del estado de alarma que deja en suspenso determinados trámites administrativos ha frenado el proceso.
Al respecto, el director general de la APV, Francesc Sánchez, ha explicado que una vez se levante el estado de alarma se podrá llevar a cabo la adjudicación, tal y como estaba previsto, y que esperan para ese momento una resolución oficial del Gobierno que avale la postura del Puerto en cuanto a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
En este sentido, al entidad portuaria insiste en que la realizada en 2007 es válida, pese a que desde entonces el proyecto ha sufrido importantes modificaciones. Sin embargo, diferentes informes del Ayuntamiento y de la Generalitat, remitidos también al Ministerio de Transportes, sí que consideran que es preceptiva una nueva evaluación ambiental.
Unas semanas antes de la crisis sanitaria, el Puerto renunció a dos cuestiones que no recogía el proyecto inicial con el objetivo de esquivar la tramitación de una nueva DIA: la prolongación en 500 metros del dique de abrigo y el dragado frente a la playa del Saler.
Sin embargo, hay otras cuestiones que se han modificado y que por tanto no recoge la DIA de 2007 como la disposición de los muelles con el impacto visual que conlleva, el traslado de la terminal de cruceros a los antiguos astilleros de la Unión Naval, o el incremento de materiales de relleno en cuatro millones de metros cúbicos.
La Comissió Ciutat-Port, entidad integrada por entidades vecinales y acologistas, ya anunció que impugnará la adjudicación de la concesión a TIL mediante un recurso contencioso administrativo en el que además solicitarán la paralización cautelar de todo el proceso administrativo.
Según explicó uno de sus portavoces, Antonio Montiel, la entidad considera que “no se puede producir esa adjudicación sin que se haya resuelto antes si el proyecto en su conjunto requiere de una nueva DIA, entre otras cosas porque aún no hay proyecto”.
Y es que, el proyecto definitivo de los nuevos muelles que debe ejecutar la APV aún está en fase de redacción, es decir, que se va a abrobar la concesión antes que el proyecto constructivo.
Al mismo tiempo, una vez se presente el proyecto definitivo de los nuevos muelles también lo recurrirán en el juzgado puesto que “no se han analizado otras alternativas a la ampliación y hay estudios que demuestran que si el puerto aprovechara bien toda su superficie actual sería innecesaria porque tendría capacidad suficiente”.
Licencia para la estación eléctrica
El presidente de la APV, Aurelio Martínez, ha informado de que la entidad portuaria ya ha recibido el permiso de la Generalitat Valenciana para la construcción de una subestación eléctrica que supondrá una inversión de 8 millones de euros y que paralelamente han encargado un proyecto para electrificar todas las terminales.
La instalación tiene un plazo de ejecución de 18 meses y se prevé que pueda estar operativa en el año 2022 con el objetivo de los buques puedan conectarse a la red eléctrica una vez atraquen en el puerto, reduciendo de esta forma las emisiones.