La Generalitat ha cerrado un centro de acogida de menores ubicado en Segorbe (Castellón) por los “indicios de maltrato” y “abuso de poder” a los niños y las deficiencias detectadas por los inspectores: zonas nobles dedicadas exclusivamente a los adultos, áreas de juego junto a calderas de combustible, provisión de comida caducada o abastecimiento de víveres en mal estado procedentes de supermercados de la zona que eran recogidos por los propios internos.
El centro, La Resurrección, gestionado por la congregación de las Hermanas Terciarias, también carecía, en el caso de las chicas, del registro donde es obligatorio recoger todas las incidencias. Y algunos menores denunciaron castigos impropios o desproporcionados: desplazar la hora de la comida o la merienda o “duchas frías” en pleno enero.
Dadas las deficiencias de la gestión, el emplazamiento y las denuncias de los usuarios -registrados en el preceptivo informe de inspección- la Generalitat decidió trasladar el 9 de mayo a los 18 menores a otros centros de Castellón antes del fin del contrato, el 30 de junio. Técnicamente, la Conselleria de Políticas Inclusivas solo puede cerrar centros de su propiedad. Ésta es una entidad privada sostenida con fondos públicos.
Revolución en las políticas de menores
Ni el Ayuntamiento de Segorbe ni el centro, según recogió Levante-EMV, eran conscientes de los motivos del traslado. El trato a los menores, sin embargo, ha sido explicado este lunes por la vicepresidenta valenciana, como epítome de la política de menores del gobierno valenciano del PP. “Al conocerla en profundidad, quedé en estado de shock”, ha dicho Mónica Oltra.
La también consellera ha puesto otros ejemplos de centros con gestión mala o instalaciones tercermundistas - Por ejemplo, el de Monteolivete (Valencia), de titularidad pública, cuya foto encabeza esta noticia- y ha dado varios datos sobre la, en su opinión, deficiente gestión del PP en la materia.
Ausencia casi total de inspecciones -la última en La Resurrección databa de 2005-; hacinamiento en centros -Monteolivete, con capacidad para 56 internos, llegó a tener 120- o prórroga de contratos a empresas quebradas, caso de Emaús. La entidad de Alicante atiende a varios colectivos vulnerables pese a que está en concurso de acreedores y los trabajadores llevan varios meses sin cobrar, situación que también ha salpicado al actual Consell.
Oltra asegura que no se podía “creer” la herencia recibida del PP con respecto a los menores. Por ello, su conselleria ha trazado un plan con el que, dice, se cambiará radicalmente el trato a los casi 4.000 niños -sin familias o de familias desestructuradas- bajo tutela de la Generalitat.
Ya se ha comenzado con el traslado de los menores a los mejores centros, vaciando aquellos con deficiencias. Se incrementarán las inspecciones -solo seis entre 2012 y 2015, dos por año- y se volcarán recursos en “desinstitucionalizar” el sistema. Es decir, la Generalitat quiere que los niños vivan con familias y no en centros. De cumplirse el plan, los niños hasta seis años serán los primeros en vivir en casas de acogida.
Además, se aumentará el personal -de 1,05 profesionales por niño a 1,70-, se actualizará el perfil de los profesionales, se priorizará la gestión pública -los centros privados serán dirigidos por un profesional de la Generalitat- y, dentro de las estrecheces económicas de la administración autonómica, se mejora el presupuesto, un 40% más. Oltra, sin embargo, ha reconocido el retraso en el pago a los centros por la mala financiación de la Generalitat.