La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, cree que se “deberían revisar los honores” de los que disfruta José Luis Olivas como expresidente del gobierno valenciano tras ser condenado a año y medio de prisión por falsear una factura cuando era el máximo mandatario de Bancaja.
Oltra asegura que la condena a Olivas es reflejo de una época de “saqueo” y “corrupción sistémica” en las instituciones autonómicas: Los 20 años de gobierno casi omnímodo del PP (1995-2015). “Seguiremos trabajando para levantar la hipoteca reputacional de la Comunidad Valenciana” y, “en función de la ley”, retirar la condición de Molt Honorable de la que disfruta Olivas, el primer presidente valenciano condenado por los tribunales.
El problema es que la actual ley no permite revocar los derechos a los que tienen acceso los expresidentes, básicamente su distinción como Molt Honorable, su pertenencia al Consell Jurídic Consultiu -un órgano asesor-, acceso a coche, oficina y personal de apoyo. Únicamente Francisco Camps -imputado por la organización de la Fórmula 1 en Valencia- hace uso de esas prerrogativas.
Podemos impulsó una reforma de esa normativa, pactada por PP y PSPV-PSOE en 2002. La iniciativa, que preveía la revocación de los expresidentes en caso de sentencia condenatoria, fracasó tras meses de tramitación por la oposición, por distintas razones, de todos los grupos. La portavoz adjunta de Podemos en las Corts Valencianes, Fabiola Meco, lamentó la perdida de una “oportunidad histórica” de acabar con los “privilegios” de los que disfruta Olivas.
Éste, como establece la ley, seguirá teniendo “tratamiento vitalicio de Molt Honorable Senyor/a y ocupará el lugar protocolario que le corresponda según la normativa vigente”. Olivas fue presidente desde julio de 2002 hasta las elecciones autonómicas de mayo de 2003, donde fue sucedido por Camps. Está imputado en varias investigaciones judiciales abiertas en relación con Bankia, Banco de Valencia, la financiación de una promoción inmobiliaria en el Caribe y el Valencia CF.