La vicepresidenta Mónica Oltra, de la Coalició Compromís ha hecho unas declaraciones en defensa de la libertad religiosa en centros sanitarios “sea la religión que sea o ninguna”.
Su declaración está relacionada con las preguntas formuladas por Carles Mulet, senador de Compromís en sus preguntas al gobierno con respecto al dinero público que se dedica a financiar la asistencia religiosa católica y qué medidas tomará el gobierno para que se cumpla la aconfesionalidad del Estado. Una propuesta sobre algo que hace décadas debería haberse resuelto.
La otra pregunta es sobre la derogación de los acuerdos con la Santa sede.
El senador Mulet no está atacando la libertad de nadie sino el uso del dinero público para una religión.
Cualquier persona,tenga la religión que tenga, y así lo defendemos en Europa Laica y por supuesto el senador Mulet, puede recibir la asistencia religiosa o de otro tipo si lo desea pero algo muy distinto es que sea pagado con dinero público.
¿Qué dirán entonces otras religiones? Que las financien también y en cuyo caso podemos ir sufragando religiones y religiones mientras el bien común se desatiende mermando recursos.
Casi un millón de euros dedica la Comunitat Valenciana a la Iglesia Católica para esta asistencia.
Es lamentable que la prensa y Oltra también desvirtúen las palabras y las justas reivindicaciones de aconfesionalidad de un estado.
Oltra habla de libertad religiosa, no de libertad de conciencia. ¿Cuánto va a costar a políticas y a políticos llamar libertad de conciencia que, por supuesto también incluye a la libertad de religiones, el derecho a que las personas tengan los mismos derechos sin privilegios para nadie?
Y el otro atrevimiento suyo es plantear la adaptación de los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español a la Constitución Española. Entonces, por aquello de la libertad religiosa que ella defiende, el Estado puede ir creando acuerdos con miles de religiones y repartir privilegios, es decir, dinero que será detraído del bien común.
En el programa electoral de la Coalició Compromís se plantea la derogación de los acuerdos con la Santa Sede. Sabe o debe saber Mónica Oltra que muchos juristas consideran a estos acuerdos preconstitucionales, es decir no democráticos. Se firmaron solo unos días después de aprobarse la Constitución del 78, cuando ya se habían cocinado y pactado con la Iglesia Católica.
En un estado democrático, ¿qué sentido tiene blindar con muchísimos privilegios a una confesión determinada por muy mayoritaria que sea?
¿Cómo se negarán a suscribir más acuerdos con las otras religiones que también vendrán a pedir? ¿Y si vienen pastafaris, ateos, masonería, budistas…?
Lo democrático, señora Oltra, es tener una ley de libertad de conciencia que trate a todas las creencias e ideologías por igual, que ningún dogma religioso tenga sitio en la educación, ya que puede perfectamente ser practicado en sus lugares de culto, que las corporaciones de cualquier tipo paguen sus impuestos como cualquiera, que no gocen de privilegios ideológicos ni simbólicos en las instituciones que nos representan a todas y a todos.
*Raquel Ortiz, coordinadora de Valencia Laica