El gobierno valenciano dice haber trazado su línea roja contra los recortes: educación, sanidad y servicios sociales. Puede ser, pero la morosidad de la Generalitat, que está en quiebra, también alcanza a institutos de secundaria y colegios de primaria.
A los primeros, les debe ahora mismo ocho meses. Y a los segundos, al menos a los colegios concertados católicos, 5 meses. Consecuencia: los concertados –de titularidad privada pero financiación pública- frenan la contratación de especialistas para combatir el fracaso escolar o mejorar la formación de los docentes, según declaraciones de la presidenta de la asociación de Escuelas Católicas de la Comunitat Valenciana que recoge Las Provincias.
En los colegios públicos, con todas las carencias del momento, la situación no es tan mala, ya que el mantenimiento corre a cargo de los ayuntamientos. Otra cosa son los institutos, de gestión autónoma en base a las transferencias de la Generalitat, con las que se pagan los gastos corrientes (las nóminas si se abonan con puntualidad).
El pasado noviembre, los 51 centros de secundaria de Castellón exigieron en bloque a la Generalitat el pago de 5 millones de deuda para poder pagar, a las puertas del invierno, servicios esenciales como la calefacción. Cinco meses más tarde, la situación no ha mejorado mucho.
Vicent Baggetto, presidente de la Asociación de directores de Secundaria de la Comunitat Valenciana, lo deja claro en Levante-EMV: “Nos deben dos cuatrimestres”. “Los institutos grandes y con varias líneas tienen más facilidad para generar recursos propios y pueden tener más reservas”. El resto, sin dinero, o no no paga a sus proveedores o reduce el gasto en luz, calefacción, agua o papelería. Al menos, hasta que la consejera de Educación, María José Catalá, pague.