Los 51 centros de enseñanza secundaria de Castellón han lanzado una llamada de socorro a la Generalitat para que les abone toda o parte de los 5 millones de deuda y poder así hacer frente al pago de la calefacción, la luz y otros de gastos de funcionamiento ordinarios.
Para los directores, la situación es crítica. Acumulan nueve meses de retrasos –no cobran desde febrero- por lo que, de media, a cada instituto se le deben 100.000 euros. Los impagos a los proveedores son inevitables, y, como ya sucedió en el invierno pasado en el centro Álvaro Falomir de Almàssora, que no podía pagar el combustible para calefacción, los alumnos de algunos centros pronto podrían acudir a estudiar con mantas. Este otoño ya ha nevado en el norte de la provincia.
Mientras los institutos públicos no tienen ni para sus gastos ordinarios, los centros concertados, por el contrario, han cobrado o cobrarán en breve parte de la deuda que con ellos mantiene el Consell. Esta paradoja se produce porque estos colegios o institutos, de propiedad privada y muchos de ellos de órdenes religiosas, si se pueden acoger al Plan de Pago a Proveedores aprobado por el gobierno central.
Esta iniciativa, una “solución extraordinaria, temporal y urgente” a la morosidad de las administraciones públicas, está pensada para abonar los retrasos contabilizados hasta el 31 de mayo de 2013 a empresas de Sanidad, Educación y Servicios Sociales. Sin embargo, como los colegios o institutos públicos no son proveedores externos, sino parte de la administración, no pueden acogerse al plan, aunque la Generalitat les debía 55 millones ya al inicio de curso.
En cualquier caso, los retrasos de la Generalitat con la educación concertada son muy similares a los que sufre la escuela pública. Según la patronal de este sector, de unos 8 meses. Con el plan, según algunas estimaciones, se cobrarán unos tres meses antes de que acabe 2013.
En los colegios de primaria públicos, la situación, aún crítica, es algo mejor que en los institutos. Su mantenimiento y gastos ordinarios dependen de los municipios y no de la Generalitat, lo que les protege de la morosidad de una administración al borde de la quiebra.
Las farmacias se llevan 419 millones, casi la mitad del dinero destinado a la Comunidad Valenciana (937 millones) en el Plan de Pago a Proveedores.