Como escribía hace unos días el cantante valenciano Carles Dénia en eldiario.es, explicar el panorama actual del sector musical en España “es complicado”, ya que “no es comparable la situación de un músico de jazz a la de un músico en plantilla de una orquesta sinfónica, un cantante de pop o un grupo de música tradicional”. Y todo ello marcado por un factor en común, la “precariedad”, que es “consecuencia directa de unas políticas culturales, paternalistas e infantilizadas en este campo, que no abordan con seriedad ni un solo punto esencial de nuestro problema crónico”.
Como bien explicaba Carles Dénia, no todos los músicos están en la misma situación. Hay una casuística muy diversa: los hay profesionales, que viven exclusivamente de la música con un contrato con una determinada institución, incluso como funcionarios; los hay que trabajan por temporada, como una especie de fijos-discontinuos; y también los hay que compaginan sus trabajos de músicos con otras actividades para poder salir adelante.
No fue hasta finales de marzo cuando el Gobierno incluyó a las artes escénicas, la música y el sector audiovisual en sus medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19, un anuncio que, no obstante, no contentó a un sector muy preocupado y que genera un volumen de negocio próximo a los 3.000 millones de euros al año en la Comunitat Valenciana.
El sentir de los músicos lo explica muy bien a través de un vídeo publicado en Youtube por José, un músico valenciano de orquesta que a sus 39 años lleva ya 27 en el mundo de la música, “desde los doce”. Reconoce que ha vivido siempre en un clima de incertidumbre laboral, “tal vez sea culpa nuestra, por no haber sido capaces de movilizarnos”, reconoce, “esto nos ha cogido más en pañales que a nadie”. Como apunta, son un sector que no suele tener contrato y que no tiene un salario mensual: “Tenemos el régimen de cotización especial de los artistas y sólo se nos da de alta por día trabajado, sin contemplarse situaciones como los ensayos”.
También se queja de que tienen muy difícil acudir a las prestaciones puestas en marcha por el Gobierno: “No tenemos derecho a ningún tipo de prestación, porque no tenemos ningún tipo de contrato en vigor y necesitas 180 días cotizados para tener derecho a un subsidio de 426 euros. Para poder solicitarlo, si haces unas 80 actuaciones, necesitas un mínimo de tres años”. También hay quien se acoge al régimen autónomo, pero reconoce que “en el 90% de los casos, se trataría de falsos autónomos”.
El conseller valenciano Vicent Marzà reconocía también esta situación: “Uno de los sectores más afectados por la COVID-19 es el de la cultura, que no puede tener acceso a las prestaciones por cese de actividad”. Se refiere a actores, actrices, músicos, técnicos que, pese a haber trabajado y haber estado cotizando, por su tipo de contrato y su intermitencia “quedan excluidos”. Para intentar lograr este reconocimientos, Compromís -formación a la que pertenece Marzà- reclama al Gobierno que se “repare este error, que se dé oxígeno al mundo de la cultura”, tal y como apuntaba el diputado valencianista Joan Baldoví.
Reunión con la Conselleria
Para intentar encontrar soluciones a este problemas, representantes del sector de la música y del Gobierno valenciano han mantenido diversas reuniones, la última de ellas el pasado viernes. Marga Landete, directora adjunta de Música y Cultura Popular Valenciana del Institut Valencià de Cultura, reconoce que se trata de un sector “muy importante y muy desprotegido, sobre todo en lo relativo a los músicos de base” y apunta que en estos encuentros se están perfilando líneas de actuación ante una situación que califica de “dramática”, con un Estatuto del Artista que está rubricado pero que todavía no se ha puesto en marcha, con lo que se mantiene la situación de inseguridad propiciada por una legislación “farragosa”.
Landete apunta que el plan 'a' depende del calendario que marquen las autoridades sanitarias y el Gobierno central para recuperar la normalidad, “todos estamos pendientes todavía de la desescalada”. No obstante, apunta que también se están estudiando alternativas, planes 'b', que podrían pasar por la contratación, por parte de la Administración autonómica, de conciertos en espacios públicos que serían grabados para su posterior emisión en la televisión pública o para su reproducción en redes sociales: “Los artistas cobrarían su caché por estas actuaciones y tendrían material grabado”. De igual modo, insistirán para que los ayuntamientos, que han visto cómo sus fiestas se debían suspender por el coronavirus, mantengan sus compromisos, no suspendiendo las actuaciones previstas, sino aplazándolas, y si al final no se pueden llevar a cabo, realizarlas on-line “como ha sucedido en Alfafar”.
Isabel Villagar, directora en la Comunitat Valenciana de la Asociación de Músicos Profesionales de España, reconoce estar “decepcionada” con el resultado de la reunión con los representantes de la Generalitat: “Nos sentimos desamparados cuando se trata de una cuestión de sensibilidad y de prioridad política”. “La pelota está en el tejado de la conselleria, que no sé si se dan cuenta de la gravedad de la situación”, sentenciaba Villagar: “Para mucha gente es una cuestión de supervivencia, se trata de pagar la luz y de poder tener un plato de comida en la mesa antes de pensar siquiera en volver a un escenario”.
Así, sostiene que está muy bien pensar en reactivar el sector, “pero es más importante pensar en la subsistencia”. En este sentido, comenta cómo el tema de las actuaciones en espacios públicos está pensado para grupos y artistas muy concretos, pero deja fuera a los músicos de orquesta, de hotel o de estudio, que padecen una situación muy precaria. Por ello insisten en la necesidad de una renta de subsistencia y en la implementación del Estatuto del Artista, “es urgente”. Aunque estas son medidas que dependen del Gobierno.
Entre las cuestiones que se han abordado, la importancia de poner en marcha una oficina de asistencia al músico, dotada con técnicos de Labora y de Cultura; de flexibilizar las ayudas; de realizar una encuesta a los músicos profesionales para conocer realmente su situación en estos momentos...
Cuatro millones de euros en el plan 'reactivem'
La conselleria ha movilizado cuatro millones de euros para implementar medidas económicas especfíficas para hacer frente a los efectos que provoca en el sector cultural valenciano la paralización de la actividad por la COVID-19. Al respecto, el conseller Marzà apuntaba que el sector cultural valenciano necesita medidas “específicas” más allá de las ayudas generadas de manera global, “ya que las empresas culturales y creativas tienen unas especificidades muy concretas a las que dar respuesta”.
La pelota sigue en el aire, con unos músicos desesperados, con gran incertidumbre, muy preocupados por su situación y esperando soluciones que no llegan.