La Generalitat Valenciana sacó a subasta los estudios de la Ciudad de la Luz de Alicante por un precio mínimo de 94,4 millones de euros, lo que supone un intento de venta por casi el tercio de lo que costó a las arcas públicas, que fueron 264,96 millones de euros. Pero nadie ha puesto dicho montante sobre la mesa y la Generalitat ha declarado desierta esta primera subasta dado que la única oferta recibida no cumplia los requisitos mínimos.
Esta única oferta, que llegó en el último momento del plazo marcado, era de un consorcio de cine -Adventure entertainment-, radicado en la localidad francesa de Cugnaux, en la que figuraba sólo un escrito en francés de declaración de intenciónes dirigido expresamente al President de la Generalitat, Ximo Puig, a quien también pedían una reunión para presentarle un plan de negocio en un plazo de 180 días. No obstante esta oferta ha sido rechazada, según confirman fuentes de la Generalitat Valenciana, al entender que la oferta no era subsanable económicamente.
Tras este primer fracaso el consejo de administración de la Ciudad de la Luz tendrá que convocar en los próximos 15 días una segunda subasta que se formalizaría a principios de septiembre. En esta segunda subasta la única cantidad exigida es el 20% del valor mínimo estipulado en el primer concurso, con lo cual el precio mínimo seria de 18,9 millones de euros, es decir, el 7% del total que le costó a los valencianos a construcción de los polémicos estudios de cine.
En la Ciudad de la Luz se han rodado superproducciones como 'Lo imposible' o 'Astérix y Obélix', pero hace un año el Tribunal General de la UE consideró ilegales las ayudas concedidas por la Generalitat a los estudios, ayudas que el gobierno valenciano tiene que devolver con el dinero que obtenga de la venta de los activos.
La Ciudad de la Luz, fue uno de los 'grandes proyectos' de épocas pasadas del PP, impulsado por Eduardo Zaplana en el año 2000 fue inaugurado en 2005, pero en 2011 ya estaba en concurso de acreedores. Con una extensión de 320.000 metros cuadrados los estudios detacan por su coste a las arcas públicas de 22 millones de euros que han ido a parar al gestor privado -la empresa Aguamarga- de un complejo que apenas tiene actividad.