El futuro de Divalterra está abocado a ser el tema que marque el último año de Gobierno de la Diputación de Valencia.
También el que lo haga en las negociaciones para la investidura de Toni Gaspar, el candidato propuesto por el PSPV que previsiblemente será el próximo presidente en sucesión del dimitido Jorge Rodríguez.
Buena parte de Compromis, partido que sustenta el gobierno de la corporación provincial, parece dispuesta a llevarse por delante la empresa pública. O, al menos, a vaciarla de competencias todo lo posible, ya que es la piedra en el zapato que más incordia en el Palau de la Batlia.
No obstante, está alternativa -ya barajada por los socialistas antes de esta crisis- se debe hacer con cautela. Al menos así lo apunta la vicepresidenta del Consell y coportavoz de Compromis, Mónica Oltra, que pedía este miércoles tener cuidado.
“Se ha de hablar de Divalterra sin apriorismos, teniendo en cuenta que hay 600 personas”, explicaba la vicepresidenta, que señalaba que los gobernantes deben “tranquilizar a los trabajadores”.
La coportavoz de Compromis ha explicado que la estructura de la antigua Imelsa es compleja, algo que dificultó jurídicamente el intento de cierre de los socialistas y lleva a problemas laborales y jurídicos.
Sobre esta cuestión, para proteger a los trabajadores, Oltra considera que se debe actuar “sin prisas ni frivolidades”.