La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha desautorizado el gasto en gin-tonics con cargo al erario público protagonizado por uno de los gerentes de Divalterra, una empresa de la Diputación de Valencia.
Con sutileza y sin mencionarlo, Oltra ha afeado el comportamiento de Víctor Sahuquillo, el hombre designado por el PSOE -hay otro gerente elegido por Compromís- en la antigua Imelsa, la sociedad supuestamente utilizada por el PP para saquear fondos públicos.
“Algo así no puede suceder en el gobierno valenciano”, ha dicho la consellera de Bienestar Social. Todos los altos cargos del Consell han firmado un código de buenas prácticas que establece el “uso sobrio” de los recursos públicos.
Concretamente, están obligados a gestionar “adecuadamente los recursos y los administrarán con sobriedad; se abstendrán de realizar un uso impropio de los bienes y servicios que la administración pone a su disposición por razón de su cargo; harán una utilización responsable y limitarán los gastos que tendrán que estar justificados”.
Cualquiera puede adherirse, ha dicho Oltra, a esas normas. “No tienen copyright”, ha dicho, antes de recordar que algunos diputados de la corporación provincial se han comprometido a seguir ese código de buen gobierno.
¿Le sorprende que Sahuquillo siga en su puesto?, se le ha preguntado a Oltra. “Tengo dos capacidades que están ampliándose a medida que más tiempo paso en el Gobierno: una es la paciencia y la otra la capacidad de sorpresa, que cada vez es menor. No me sorprende”, ha contestado.
Oltra se ha sumado sin disimulo a las críticas a Sahuquillo, acosado por el PP, mal visto por sus socios de Compromís -PSPV-PSOE y los valencianistas gobiernan la Diputación en coalición- y bajo intenso escrutinio de los medios de comunicación.
Sahuquillo ha sido acusado de trocear contratos para favorecer a empresas o del mencionado gasto en alcohol con cargo al contribuyente a través de una empresa, Divalterra, con un presupuesto nada despreciable: 18 millones de euros.