Jesús Urquiza Delgado, ingeniero industrial y técnico de la consultora externa de la Generalitat Caaz-Expande, es una de la veintena de personas que para reducir la pena de cárcel ha reconocido formar parte del engranaje de la trama corrupta del exconseller Rafael Blasco y el empresario Augusto César Tauroni. Urquiza Delgado ha reconocido que falseó informes para que las falsas ONGD (Organización no gubernamental para el desarrollo) de la red tuvieran la mayor puntuación y se llevaran varios millones de euros de dinero público.
Este empresario e ingeniero industrial ha reconocido que cometió tres delitos –malversación, prevaricación y falsedad documental– y acepta un año y seis meses de cárcel y devolver 35.000 euros por responsabilidad civil, dinero que ya ha ingresado pese a que la Audiencia Provincial todavía no ha decidido la condena definitiva.
Pero no es la primera vez que Urquiza Delgado se ve envuelto en un escándalo por los problemas derivados de la gestión del dinero público. Su mujer, la líder del PP de Llíria y miembro de la gestora del PP provincial de Valencia nombrada por Pablo Casado, Remedios Mazzolari, estuvo imputada y posteriormente fue absuelta por adjudicar dos contratos que sumaban casi 60.000 euros a la consultora Caaz, la de la trama Blasco, justo en 2008 cuando colaboraba ya en el entramado del conseller.
Mazzolari también fue presidenta de la empresa que ahora dirige su marido, Entornos Naturales y Rutas Consolidadas SL, donde también era administrador Luis Castel Aznar. Castel Aznar es el propietario de Caaz y quien daba trabajo a Urquiza y otra de las piezas clave del engranaje de la trama Blasco. Caaz y la empresa de la que fue presidenta Mazzolari compartieron domicilio social en la plaza Bandas de Música número 7 puerta 62 de Valencia, en la actualidad ya no.
Urquiza Delgado ha tenido que abonar 35.000 euros por la responsabilidad civil del caso Blasco. 15.000 los ha pagado directamente el ingeniero industrial y los otros 20.000 su suegra, la madre de la líder del PP de Llíria, según la documentación aportada por el juzgado por el propio confeso.