A finales de 2016 escribí un artículo en este mismo medio, titulado Inclusión Social: Nuestra hoja de ruta hacia una sociedad más justa, en el que establecía las líneas de actuación de la Delegación de Inclusión Social de la Diputación de Valencia para dar solución a los graves problemas que arrastraban los Servicios Sociales desde la década de los 90. Ocho meses después, Ontheroad, el título de la novela «beat» por excelencia traducida al castellano como En el camino, puede servir para ilustrar el punto en el que nos encontramos.
Los Servicios Sociales tienen el mismo status e identidad que el resto de Derechos Humanos Fundamentales, ya que están establecidos como tales en la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art.25.1), al igual que la educación, la salud, la seguridad social... y por tanto deben ser igualmente protegidos y garantizados. Para dotar de contenido el nuevo modelo de servicios sociales que queríamos poner en marcha, hacía falta, en primer lugar, un claro compromiso presupuestario. Dicho objetivo fue conseguido con relativo éxito: pasamos de 3,9 millones de euros en 2015 a 9,3 millones de euros en 2017, triplicando el presupuesto de la Diputación de Valencia destinado a los Servicios Sociales municipalesen solo dos años.
Una vez despejada la “x” de la financiación, el primer y más acuciante de los problemas era, sin duda, la situación de los equipos profesionales de los Ayuntamientos. En 2015, la ratio de atención era de 1 profesional por cada 5.400 habitantes. En dos años hemos consignado una financiación para los Ayuntamientos que posibilitaría una asignación de 1 profesional por cada 2.833 habitantes, situándonos en ratios de atención comparables a otros territorios.
Sabemos que la transición no está siendo fácil, dadas las limitaciones a la contratación de personal que sufren los Ayuntamientos y, además, somos conscientes que se está llevando a cabo de manera desigual. Por ello, en 2018 vamos a poner en marcha medidas que logren una mayor garantía para las corporaciones locales y, a su vez, una mayor estabilidad para los equipos profesionales, incorporando la financiación del personal en el Presupuesto de 2018.
Por supuesto, estas medidas están dialogadas y consensuadas con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, con cuya Dirección General de Servicios Sociales nos une una misma visión: un modelo de servicios sociales basado en la prevención y en la justicia social, y que tiene como ejes fundamentales el municipalismo y la participación. No en vano hemos puesto en marcha un “Laboratorio Social” conjuntamente con la Conselleria, la Mancomunidad de La Ribera Alta, el Ayuntamiento de Alzira y la Universitat de València para investigar y experimentar sobre los servicios sociales en nuestro territorio, un foro en el que el diálogo con todos los agentes, y especialmente con los profesionales, debe ser la clave del éxito.
Sin duda, éste constituye un ejemplo de gobierno multinivel y buena gobernanza para conseguir un sistema de servicios sociales que por fin deje de estar a la cola del Estado y se constituya en vanguardia de las políticas públicas de bienestar.
En resumen, y como mantenía al principio, a pesar de las dificultades generadas en la transición de un modelo asistencialista a otro radicalmente distinto -de derechos-, estamos en el camino, en ruta hacia una sociedad más justa y cohesionada. ¡Seguimos!