“Parece un hombre muy mayor con un futuro brillante”, escribió Greta Thunberg con toda la ironía sobre una fotografía de Donald Trump en el momento de abandonar la Casa Blanca. La joven activista climática sueca devolvía así, vía redes sociales, la burla que el expresidente americano le lanzó a finales de 2019 cuando publicó una foto de ella con el ceño fruncido en su cuenta de Twitter acompañada de la frase: “Parece una chica joven con un futuro brillante”.
Mientras la impulsora del movimiento Fridays for Future daba una bofetada digital a Trump, el nuevo presidente, Joe Biden, se sentaba en el despacho oval para firmar una serie de órdenes ejecutivas entre las que destacaban, como es lógico, las relacionadas con la pandemia de COVID-19 y la recuperación de la crisis generada por ella, pero también el retorno de Estados Unidos al Acuerdo de París contra el cambio climático, del que Trump se había retirado; la paralización del proyecto del oleoducto Keystone XL, que pretendía transportar petróleo extraído de arenas bituminosas desde Canadá hasta la costa de Texas a lo largo de más de 1.800 kilómetros y que se había convertido en un símbolo de la lucha contra la crisis climática, así como la revisión de un centenar de órdenes de su predecesor relacionadas con el medio ambiente.
Biden ha marcado, por tanto, nada más empezar una de las prioridades de su política, aunque en la letra pequeña de sus decisiones hay unas precauciones que sugieren futuros elementos de tensión con el enfoque del Green New Deal que la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez ha popularizado en el debate público estadounidense, una propuesta extremadamente exigente en los tiempos y en los objetivos, que plantea en 10 años, para el segundo responsable después de China de las emisiones que calientan peligrosamente el planeta, un cambio profundo de la economía para reducir las desigualdades sociales y alcanzar al mismo tiempo el nivel cero de emisión de gas carbónico en la industria y el transporte, incluyendo sectores como la aviación y el comercio marítimo, los más contaminantes.
Precisamente la descarbonización de la también muy contaminante industria cerámica, uno de los clústeres más importantes de la producción exportadora valenciana, es el objetivo de algunos de los proyectos del cambio de modelo que aspiran a la financiación europea y que el presidente Ximo Puig presentó la semana pasada en un acto celebrado en el Palau de la Generalitat Valenciana. Entre los que se han denominado “proyectos tractores” para los próximos años hay propuestas como la construcción de una megafactoría de baterías eléctricas o la aplicación industrial del hidrógeno verde.
La movilización de empresas y administraciones viene inducida por el hecho de que la Unión Europea, desde el marco financiero plurianual y mediante el plan extraordinadio Next Generation EU, dotado con 175.000 millones de euros de financiación, ha impuesto una decidida orientación verde a la agenda postpandemia. La salud humana y la del planeta se ven amenazadas por el cambio climático y la respuesta resulta cada vez más perentoria. Una cierta inercia nos lleva a debatir sobre la “condicionalidad” que el plan extraordinario implicará en temas como la reforma de la pensiones, pero hay una “condicionalidad” de la que se habla poco. Como ha destacado Manuel Peinado, en el nuevo reglamento comunitario “es muy importante garantizar que las inversiones sean lo más verdes posibles y ambientalmente sostenibles para evitar el greenwashing, es decir, que la sostenibilidad se convierta en un condimento verde para cualquier salsa. En los fondos aprobados por los estados miembros de la UE hay un elemento fundamental que quienes reclaman 'dónde está lo mío' parecen olvidar: no son fondos para tapar agujeros o para seguir haciendo lo de siempre. La administración de los fondos de la UE no es una cuestión de café para todos. Esta vez hay una condicionalidad que tiene un eje verde horizontal, la sostenibilidad, y otro, la digitalización, para dar un impulso decisivo a la innovación y a la educación”.
Con la emergencia que transmiten tanto los datos (las temperaturas medias suben y el hielo del Ártico se reduce) como los fenómenos meteorológicos extremos (por ejemplo, la enorme nevada que paralizó hace unos días la zona central de la península Ibérica), el horizonte postpandemia no será amable con las trampas y los maquillajes en las políticas verdes, lo que agudizará debates y conflictos políticos que ahora apenas se esbozan. No es difícil vaticinar cuáles serán las líneas de fricción si observamos lo contradictorio que resulta que un puerto presente un proyecto de cero emisiones mientras diseña una mega-ampliación de sus muelles para la descarga de contenedores de fuerte impacto sobre el medio ambiente, o que se pretenda fomentar el transporte sostenible dando prioridad a un modelo ferroviario de alta velocidad despilfarrador en detrimento de los servicios de cercanías y de la necesaria inversión en el ferrocarril de mercancías.
Se ha comparado el Next Generation EU con el “plan Marshall” posterior a la Segunda Guerra Mundial. No tienen nada que ver. Aquel estaba financiado por los Estados Unidos y se desplegaba sobre una Europa devastada en sus infraestructuras y su industria. El actual se financia desde la propia Europa y promueve un cambio radical del modelo económico y de la orientación de las industrias y las infraestructuras. Sería una lástima que por falta de rigor y compromiso nos quedáramos como los protagonistas de Bienvenido, Mister Marshall, la clásica película de Luis García Berlanga, que veían cómo pasaban de largo sus esperanzas. La cosa va en serio cuando se habla de hacer la transición de las palabras a los hechos; el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030, aprobado en septiembre por el Consejo de Ministros, no puede convertirse en papel mojado. Greta Thunberg lo expresó elocuentemente en su intervención ante el Congreso de Estados Unidos: “Quiero que escuchen a los científicos. Y quiero que se unan detrás de la ciencia. Y luego quiero que actúen”.