Los efectos de la DANA que ha afectado a la Comunitat Valenciana, en especial a la provincia de Valencia, nos ha dejado imágenes que no debemos olvidar: municipios anegados, familias rotas de dolor, personas jugándose la vida por ir a trabajar… Y, si algo tienen en común, es que ha afectado de forma más intensa a la clase trabajadora.
Las personas trabajadoras de estas áreas, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad laboral, fueron las más afectadas: aquellas que no tienen acceso a contratos fijos, que trabajan en la economía informal, o que desempeñan tareas esenciales, pero mal remuneradas.
Los impactos de la DANA, en este sentido, reflejan una vulnerabilidad estructural que va más allá de lo climático. La precariedad laboral, la falta de protección social, y las condiciones de trabajo que no contemplan las adversidades del cambio climático han dejado al descubierto las desigualdades inherentes a un sistema económico que no prioriza la justicia social.
Mientras se obligaba desde los despachos a continuar con la actividad laboral, las personas trabajadoras carecían de las herramientas necesarias para protegerse asumiendo riesgos que podrían costarles la vida, y para algunas personas así fue. Ahora no nos vale con grandes donaciones para recuperar el tejido empresarial, sin trabajadores no hay ni empresas ni beneficios.
El modelo laboral en España, y en particular en comunidades como la valenciana, aún arrastra importantes deficiencias estructurales. A pesar de los avances en la legislación laboral en los últimos años, la precariedad sigue siendo la norma para muchos trabajadores, especialmente para las personas jóvenes. Algunos sectores no solo han sido históricamente los más expuestos a la estacionalidad y la falta de derechos, sino que también son los que más sufren las consecuencias del cambio climático.
Por tanto, tenemos una necesidad urgente de transformar el mercado laboral en España. Un modelo laboral más inclusivo no solo tiene que garantizar el acceso a contratos estables y salarios dignos, sino que debe reconocer y proteger a los colectivos más vulnerables frente a las adversidades climáticas. Este modelo debe incorporar una perspectiva de justicia social que promueva la igualdad de oportunidades y la resiliencia frente a los cambios que el clima ya está imponiendo.
Se ha evidenciado una realidad que no podemos seguir ignorando: el cambio climático ya está afectando a los más vulnerables, y nuestro sistema laboral no está preparado para hacer frente a los desafíos que impone. Es hora de construir un modelo laboral que no solo garantice una remuneración justa, sino que también proteja a los trabajadores frente a los desastres naturales, garantizando su acceso a la formación, la estabilidad y la seguridad. Un modelo inclusivo y justo, que impulse la igualdad de oportunidades, es el único camino para que todos, independientemente de su situación laboral o social, puedan hacer frente a las crisis del futuro con dignidad y resiliencia.
*Rocío Barbeito Lojo, portavoz de Aposta Jove (Asociación juvenil de las personas jóvenes afiliadas a UGT PV menores de 35 años)