La protección social y la lucha por la igualdad han operado como señas de identidad del Gobierno progresista que, durante la anterior legislatura, ha desarrollado una sólida estrategia socialdemócrata para hacer frente a los mayores desafíos (pandemia, guerra de Ucrania, shock inflacionario) de entre los registrados en las últimas décadas, con un resultado globalmente positivo que ha permitido compatibilizar el crecimiento económico y la creación de empleo con la expansión en derechos laborales, de género y de ciudadanía, impugnando en la práctica la retórica neoliberal que inspiró la gestión de la anterior crisis (desregulación, recortes, desigualdad…).
Sin embargo, el mapa político resultante del último ciclo electoral (autonómico y nacional) parece estar desplazando el eje del debate público (y, en su caso, de las políticas que del mismo se deriven) del ámbito social al cultural y territorial.
La coalición de extrema derecha nacional, instalada ya en varias autonomías y con pretensiones de replicar el modelo a nivel estatal, se afana en resucitar viejos fantasmas identitarios y sedicentemente “culturales” (tradiciones arcaizantes, familia patriarcal, rechazo de la diversidad lingüística…) al tiempo que deslegitima (y cuando puede, restringe) los avances legales (reforma laboral, feminismo, memoria histórica…) y las conquistas sociales (sanidad pública, prestaciones redistributivas, derechos sindicales…) alcanzadas en los últimos años.
Por su parte, la derecha nacionalista periférica, a quien la aritmética electoral ha conferido una capacidad de presión muy superior a su representatividad real, condiciona al alza su eventual apoyo para la reedición del Gobierno progresista a la aceptación por éste de sus reivindicaciones territoriales (mayor autogobierno, reforma de la financiación autonómica…) e, incluso, la exención de responsabilidades legales (amnistía).
Ambos polos se retroalimentan generando dinámicas mutuamente excluyentes que amenazan con marginar de la conversación pública la agenda social, invisibilizando sus logros y complicando su necesaria continuidad.
Una legislatura de progreso
Tras la década perdida (2008-2018) que siguió a la gran crisis financiera, el triunfo de la moción de censura promovida por el PSOE contra el gobierno corrupto y reaccionario presidido por Rajoy inauguró una nueva etapa de cambio y progreso que, pese a la gravedad de las circunstancias adversas que hubo de enfrentar, presenta un notable balance de resultados en materia económica, laboral y de derechos, derivado del permanente diálogo social y parlamentario.
La política económica desarrollada (responsabilidad fiscal, justicia social y reformas estructurales modernizadoras) ha permitido no sólo superar la(s) crisis sino retomar la senda de crecimiento (creación de 150.000 nuevas empresas) que consolida el liderazgo de nuestro país como cuarta economía del euro (recuperación del PIB, control de la inflación, superávit en la balanza de pagos…) y hacerlo en clave socialmente inclusiva y transformadora del modelo productivo.
El escudo social desplegado inicialmente frente a la pandemia y la posterior reforma laboral se demostró eficaz para proteger la economía y el empleo (los ERTEs salvaron medio millón de empresas y 3,6 millones de puestos de trabajo en la fase más dura de la COVID), mejorar salarios y pensiones, ampliar la cobertura de las viejas y nuevas prestaciones sociales (seguro de desempleo e Ingreso Mínimo Vital) e impulsar una fuerte recuperación de la actividad productiva (creación de 1,5 millones de nuevos puestos de trabajo hasta alcanzar máximos históricos, con especial concentración en sectores y ocupaciones de mayor valor añadido), con la consiguiente reducción del paro y la temporalidad contractual.
La expansión de derechos ha sido igualmente importante, tanto en el ámbito laboral (teletrabajo, riders, empleadas domésticas, negociación colectiva…) como civil (igualdad de género, Ley del sólo sí es sí, educación, sanidad, vivienda, memoria histórica…), pese a la oposición reaccionaria y las pretensiones derogatorias de la derecha.
La resultante agregada de dichos procesos ha permitido avanzar en todos los indicadores de bienestar social y reducir los niveles de pobreza y desigualdad (del 10,7 al 7,7 por cien de la población con carencia material y social severa), en un contexto especialmente complejo.
Para seguir avanzando
Con todo, resulta necesario continuar por la senda de la recuperación económica y del empleo, la justicia social y la consolidación de los nuevos derechos, lo que pasa por la continuidad del gobierno progresista para, superando los bloqueos y maximalismos nacionalistas, seguir avanzando en el proceso de modernización productiva (Plan de Transformación y Resiliencia, programas Next Generation) y desarrollo de la agenda social con el objetivo de alcanzar, en la próxima legislatura, un incremento medio de 3 puntos del PIB y culminar el alineamiento europeo de nuestro mercado de trabajo, reduciendo la tasa de paro estructural por debajo del 8% y a la mitad los actuales niveles de pobreza y exclusión social, conforme a los objetivos establecidos por la Agenda 2030.
Dicha hoja de ruta requiere, asimismo, la renovación del marco regulador de las relaciones laborales mediante la elaboración, a través del diálogo social, de un Estatuto del trabajo del siglo XXI que actualice, amplie y desarrolle los derechos de las personas trabajadoras (con especial referencia a la igualdad entre mujeres y hombres), incorporando las nuevas realidades productivas, tecnológicas y sociológicas acumuladas en las últimas décadas, fortaleciendo los procesos de interlocución sindical y avanzando hacia la democracia industrial.
Se trata, en definitiva, de potenciar la centralidad del trabajo en el debate público, promoviendo los valores inclusivos de justicia social e igualdad de género como fuente de legitimidad democrática y orgullo colectivo, superando por elevación las tendencias insolidarias del nacionalismo excluyente.