Dicen que la Unión Europea se erige sobre las crisis. 2002 fue un año que se caracterizó por graves inundaciones en varios países centroeuropeos, dando lugar al origen del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE), un instrumento específicamente creado para intervenir ante catástrofes naturales, que serviría para complementar los esfuerzos de los Estados miembros afectados. En julio, en el marco de la definición de las prioridades del Comité Europeo de las Regiones para el periodo 2020-2025, se aprobó la introducción de una modificación propuesta por la Generalitat Valenciana que proponía el refuerzo de este instrumento de solidaridad europea.
A modo de síntesis de la afectación histórica del FSUE, cabe señalar que a finales de 2019, España se había beneficiado de éste en cuatro ocasiones: incendios forestales (2003 y 2017), crisis del Prestige (2003) y terremoto de Lorca (2011), con una ayuda total de 34,2 millones de euros, aunque muy por detrás de estados como Italia (2.792,9 millones), Alemania (1.002,9 millones), Francia (252,6 millones), o el Reino Unido (222,6 millones). Concretamente, España solamente recibió el 0,6% de los 5.535,6 millones de ayuda correspondiente al FSUE desde su creación en 2002, y no parece que la causa pudiera ser la ausencia de catástrofes naturales, en un territorio acostumbrado a incendios forestales, lluvias torrenciales o desbordamiento de ríos.
Es lógico pensar que el factor tamaño es significativo desde el punto de vista de la afectación de catástrofes naturales, aunque el factor umbral, que marca unos daños mínimos territorializados, es claramente determinante: Austria, Eslovenia, la República Checa o Serbia también han recibido ayudas del FSUE por encima de las percibidas por España. Quizá, una reducción de los umbrales de daños mínimos permitiría la adecuación del instrumento a las características geográficas, climatológicas y territoriales de las regiones españolas, y se alcanzaría un reparto más equitativo. Obsérvese que es muy poco probable que se alcance los umbrales mínimos para percibir el FSUE por el temporal Gloria de enero de 2020 que afectó a la Comunitat Valenciana.
En septiembre de 2019, la depresión aislada en niveles altos (DANA) descargó ingentes cantidades de agua en el este peninsular y afectó en gran medida a las comarcas de la Vega Baja y de la Vall d'Albaida, resultando en importantes daños en diversos ámbitos como la agricultura, las infraestructuras, los comercios, o las viviendas. La colaboración de las diferentes administraciones facilitó la estimación de los daños por parte de la Generalitat Valenciana, detallando buena parte de aquellas actuaciones de emergencia que podían ser elegibles bajo el paraguas del FSUE. Un inciso: este instrumento está concebido como un complemento solidario de los esfuerzos de los Estados miembros, lo que implica que la cuantía es escasa en relación con el daño sufrido y que se encuentra diseñado para cubrir solamente algunos conceptos muy concretos: a grandes rasgos, el restablecimiento de las infraestructuras de agua, saneamiento, energía, telecomunicaciones, transporte, sanidad y enseñanza, los alojamientos provisionales, los costes de los servicios de auxilio, la protección del patrimonio cultural y la limpieza de zonas siniestradas.
Dado que las Comunidades Autónomas no pueden presentar directamente solicitudes de financiación al FSUE -tarea únicamente reservada a los Estados miembros-, desde la Generalitat Valenciana se instó al Ministerio de Hacienda a solicitar el FSUE a fin de percibir la ayuda correspondiente por parte de la Comisión Europea que, una vez aceptada el pasado 30 de abril -y posteriormente aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE-, se cifró en 56,7 millones de euros para España, es decir, para los gobiernos de la Comunitat Valenciana, Andalucía, Región de Murcia, Castilla-La Mancha, la Administración General del Estado y algunos ayuntamientos de municipios afectados, atendiendo al agregado de aquellas actuaciones elegibles de las distintas administraciones. De acuerdo con esta metodología, a nuestra región le corresponden algo más de 18 millones de euros, el 32% de la asignación total.
En relación con la dimensión de la catástrofe, es cierto que la percepción de estas cantidades es fundamentalmente simbólica. No obstante, responde a un ejercicio de solidaridad y de responsabilidad de los Estados miembros y de las instituciones de la Unión Europea. De hecho, de una manera muy singular que se enmarca en la respuesta de la UE ante la crisis del COVID-19, la normativa del FSUE se ha flexibilizado, pudiendo abarcar ahora crisis sanitarias además de catástrofes naturales. El FSUE es un instrumento conceptualmente muy significativo desde el punto de vista de la construcción y la integración europea aunque, desde una perspectiva normativa, todavía requiere que se aborde la disminución de sus umbrales o la posibilidad de que las regiones puedan solicitarlo directamente, con el objetivo de que resulte en un instrumento más efectivo para las regiones europeas en un contexto de cambio climático acelerado en que las crisis naturales y sanitarias tienen claros visos a ser cada vez más graves y frecuentes.