Desde la izquierda y desde el ecologismo a veces resulta muy difícil, incluso imposible, poder compartir algunas de las políticas que en la Unión Europea se aprueban. Tal vez sea por las grandes contradicciones sobre las que se sustenta.
Así lo estamos cotejando con la crisis que están padeciendo los pequeños y medianos agricultores – que no la crisis del sector agrícola–. Me niego a decir que esta sea una crisis de la agricultura, en un momento en que se está experimentando un aumento de las exportaciones agroalimentarias (del 13,2% en España en el año 2022) y los millones de beneficios que los grandes fondos de inversión están consiguiendo a partir de la agroindustria (se han multiplicado por quince en las dos últimas décadas).
Dicha contradicción provoca a su vez la competencia desleal que se deriva de los vigentes Acuerdos Comerciales firmados entre la UE con terceros países (Sudáfrica, Vietnam, Marruecos, tal vez Mercosur). Acuerdos comerciales que producen dumping social y ambiental al permitir que productos alimentarios cultivados en la otra parte del mundo, lleguen a nuestros mercados sin haber pasado ni por los estándares de seguridad alimentaria, ni por los requisitos mínimos de dignidad laboral hacía los que los cultivan.
Esta misma semana, han tenido lugar en el seno de la UE dos acontecimientos que son opuestos entre sí. Por un lado, los 27 ministros de agricultura han ratificado la línea expresada por la Comisión Europea de rebajar la ambición ambiental ligada a las políticas agrarias. Lo que a priori supone un logro para los agricultores, se convierte en su propia trampa, pues anulan las medidas contra la desertificación de los suelos de cultivo, entre muchas otras.
Y, por otro lado, resulta realmente inquietante ver cómo el Partido Popular está virando su discurso hacia posiciones cada día más reaccionarias, y que le llevan a situarse en el marco de la extrema derecha votando en contra de leyes tan determinantes para el futuro como es el caso de la Ley de la Restauración de la Naturaleza, este mismo martes. Una ley fundamental para la preservación los ecosistemas.
La pérdida de biodiversidad es una amenaza clara para los agricultores. Sin unos ecosistemas libres de contaminación, no habrá un agua, ni un aire, limpios. Pero tampoco un suelo fértil. Sólo los ecosistemas saludables son capaces de protegernos de los efectos del cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos: sequía, inundaciones, o incendios.
Desde Compromís tenemos claro que la simbiosis medioambiente y agricultura no resulta una contradicción. Para nosotras la contradicción reside más bien en no hacer nada por evitar la degradación de los suelos fértiles. Recordemos que en Europa perdemos de media 2,4 Tm de suelo por hectárea al año y de continuar así la pérdida llegaría a una 1/5 parte de la superficie total de la UE para 2050.
A menos de 100 días para las elecciones europeas es importante hablar claro y comenzar a recordar todo lo que implica Europa, la Unión Europea y lo determinante que son para el futuro desarrollo de nuestras políticas y nuestro marco normativo, el contar con una UE liderada por fuerzas políticas progresistas y ecologistas que antepongan a las personas y al medioambiente frente a la especulación y el extractivismo.
Hace casi 10 años, Mariano Rajoy, plasmó su firma, en nombre del Estado español la Agenda 2030. Diez años después me pregunto si ese compromiso lo hubiera alcanzado de estar hoy quienes están al frente del Partido Popular en el Gobierno.
En Compromís lo tenemos claro, lo que está en juego no es otra cosa que la disputa entre dos modelos. El modelo que perpetúa los fondos de inversión y el agronegocio industrial, que pervierte y deteriora nuestros suelos. O el modelo basado en los pequeños y medios agricultores que tiene en cuenta la perspectiva climática, la conservación de los ecosistemas, que apuesta por la transición ecológica, evitando el abuso de poder en una cuestión tan importante como es la comida que nos llevamos en la boca.