Larga vida al Botànic

Los mecanismos por los cuales se sostiene la autoridad son complejos. Los mecanismos formales los conocemos: elecciones, selección objetiva, nombramientos incluso insaculación. Pero en muchas ocasiones la autoridad te otorga o te quita mediante mecanismos sutiles, imperceptibles, difícilmente visibles. Así sucede con el bullying en las escuelas, la violencia machista, el acoso laboral, los fake news, la justicia tardía o el periodismo torticero. Por supuesto me refiero a la autoridad no como sinónimo de liderazgo sino como sinónimo de respeto mutuo y, por lo que afecta a este artículo, respeto de la posición institucional. Todas esas formas son instrumentos de negación del otro y mediante las cuales se pretende, en ocasiones, construir un personaje, esquematizarlo, convertirlo en un titular plano, sin profundidad ni matices, jugando así con la dificultad de denuncia de ese intento, dada su informalidad, suprimiendo toda posibilidad de defensa y con ello utilizando el silencio o la inacción del acosado, otorgarse la razón. Tanto unos como otros tratan de crear una realidad alternativa, simplificando la realidad misma, que siempre es más compleja, siempre es más rica.

Ante eso sólo cabe una estrategia si no existen mecanismos formales, esta es, visibilizar ese intento, ora mediante el diálogo, ora mediante artículos, ora mediante manifestaciones públicas, ora mediante aproximaciones alegóricas. Visibilizar esos intentos para ejercer el derecho a la defensa y en última instancia, bloquear ese acoso y favorecer el acuerdo. 

Entrando en materia, lo cierto es que en el gobierno del Botànic existen diferencias, razón que deviene de su propio carácter de coalición, pero con un documento escrito con acuerdos de gobierno muy completo. No es un gobierno de un único partido que aplica su programa electoral. Que esas diferencias sean o no importantes es una cuestión de valoración, de dónde coloquemos el punto de partida y también de si existe voluntad de diálogo. La cuestión de fondo es dónde nacen esas diferencias y no es casual que se hayan profundizado en un momento de crisis sanitaria como la que estamos viviendo, que es, a todas luces, un momento de “coyuntura crítica”, de esos en los que se aceleran los cambios. Una coyuntura que se superpone al impacto que tiene la nueva economía que es ya una larga fase de “destrucción creativa” en palabras del J. Schumpeter. Ahí estaba el juego, ya en este inicio de siglo, pero que ha entrado en un nuevo momento más acelerado con la pandemia.

España ha vivido en los últimos cuarenta y cinco años una transición económica además de política que está culminando ahora. De hecho, la transición política a la democracia es un intento (logrado parcialmente) de las élites extractivas por perpetuar todo o parte del poder obtenido durante el franquismo, iniciado en la inmediata posguerra, modernizado en 1959 con los gobiernos tecnocráticos y que se democratiza tras la muerte del dictador, pero que se alarga hasta nuestros días. Las consecuencias de ese modelo las han destacado hace bien poco tanto el Banco Central Europeo como el Fondo Monetario Internacional, con nuestra dependencia económica del turismo y el modelo industrial adoptado.

Los réditos obtenidos por los trabajadores y las clases medias en derechos y condiciones de vida se han logrado en ese escenario con duras batallas, huelgas generales y lentos cambios institucionales durante los gobiernos socialdemócratas de González (Márquez) y Rodríguez (Zapatero). Los logros de la transición, los reclamamos todos los demócratas, incluidos aquellos pactos que comportaban cesiones para consolidar la democracia; los impedimentos deben reclamarlos los continuadores de aquellas élites franquistas que siguen hoy presentes en la política con el PP y VOX como sus acogedores e “intelectuales orgánicos”. Ejemplo dramático y práctico de esta afirmación en nuestra Comunitat ha sido AUMAR, cuya concesión original, modo de construcción y sucesivas prórrogas es la muestra más palmaria de la captación del estado por élites sociales en el franquismo que prorrogan – junto con la concesión – su estatus durante toda la transición, hasta el año pasado. Otros ejemplos son el mercado eléctrico, las infraestructuras de transporte y las múltiples concesiones de obras y servicios educativas, sanitarias y sociales a lo largo de toda la transición. Los negocios montados sobre esta captación del estado están, en buena medida, en los casos de corrupción ocurridos.

Y en eso llegó un Gobierno de Coalición en la Comunidad Valenciana y un Gobierno de Coalición con apoyo parlamentario amplio en España. Ambos solapados en sus objetivos, ambos diferentes, ambos con los mismos retos en el futuro inmediato que se articulan en lograr instituciones inclusivas y evitar el control institucional de las élites extractivas que haberlas, hay las. La concreción de las divergencias dentro de los gobiernos de coalición se manifiesta en determinados asuntos de diferentes importancia y calado.

En el caso que nos atañe, la Generalitat, pueden ser la gestión de personal, la gestión sobre el patrimonio, la diferente visión que se tiene sobre el peso que debe tener el sector público y la forma que ha de adoptar, en qué se materializa la colaboración público-privada, la forma de elaborar y gestionar el presupuesto público, sobre qué orientación dar a las políticas de fomento (subvenciones, quién, cuánto y como acceden a las ayudas públicas), sobre si el pacto verde y las políticas de inclusión social son unas prioridades del Gobierno o son LAS prioridades del gobierno. Y así podríamos seguir con la política sobre turismo, la gestión del agua, las prioridades de inversión en infraestructuras de transporte (por cierto, el corredor mediterráneo y su supuesto «impacto mágico» transformador versus cercanías ferroviarias requeriría una reflexión en otro artículo). 

Tras todo ello están las medidas fiscales a aplicar puesto que negar, como se ha hecho, la urgencia de un cambio radical en esta materia y el aumento de impuestos a los más ricos supone que, con un presupuesto expansivo como el logrado, ese incremento lo pagamos todos a “pachas” aumentando con ello las desigualdades. Una vez más. Las diferencias, sin embargo, se acordaron en un documento para gobernar que es el que hay que cumplir y existe, en todo caso, un órgano para interpretarlo colectivamente. Por cierto, tampoco estaría mal que se hablase de cogobernanza en las áreas transversales de las que dependen el funcionamiento del resto de competencias.

Tratar de reducir todo este debate a una caricatura, aduciendo cansancios, carácter indomable, desgaste psicológico y otras historias fantásticas con declaraciones públicas, diarios subvencionados mediante, no es más que un intento vano de apartar la mirada de las razones reales, minusvalorar intencionadamente al otro y no querer abordar soluciones acordadas. Ahí está ahora el asunto.

Por aclarar el mensaje. ¿Digo que el PSPV está en una posición y Compromís en otra? No. Lo que digo es que las estrategias para lograr el cumplimiento del acuerdo del Botànic a veces divergen y que en su origen estas disensiones responden al diferente ritmo deseado por cada cual, en el desarrollo de las transformaciones hacia instituciones más inclusivas, menos dependientes de las presiones de ciertos lobbies, para oponerse a ellas y evitar le perpetuación de su capacidad de captación de las instituciones. Eso es el núcleo del debate cuando se evidencian las diferencias.

Finalmente, para quienes vivimos activamente el postfranquismo, militando en la transición democrática y padeciendo las décadas de gobierno del PP en la Comunitat Valenciana, los debates en el seno de la administración no nos crean ningún desasosiego ni desgaste psicológico. Comparado con aquello, esto es un camino de rosas. Y que dure.