Para sorpresa de mucha gente escribo hoy para recordar que al final del año pasado se aprobó en España una nueva Ley del Deporte. El largo, o no tanto, proceso legislativo de dicha ley pasó desapercibido para muchas personas afectadas y para la opinión pública y publicada en general. La ley sólo pareció asomar la cabeza por la ventana de la actualidad cuando los ingresos por televisión y las esferas de poder de ciertos clubes de fútbol de grandes dimensiones parecía que se ponían en cuestión, poco más. Hechos los cambios de rigor a demanda de dichos clubes, la ley se refugió de nuevo en el parlamento y se oyó poca cosa fuera de él. Ante el revuelo mediático y social suscitado por los recientes acontecimientos vinculados al llamado “caso Rubiales” resulta llamativo que se hable ahora tanto de corrupción impune, de machismo reincidente y de gestión desastrosa en los organismos que rigen el deporte español y especialmente en la Real Federación Española de Fútbol. Y digo que resulta llamativo, incluso escandaloso, porque es precisamente la Ley del Deporte la que debería haber puesto coto de manera efectiva a los desmanes de una Federación, de unos rectores del fútbol en general, sobre los que el estado, es decir el Consejo Superior de Deportes, apenas tiene herramientas de control o actuación, ni antes de que estas personas sean elegidas, ni durante su mandato, ni tampoco en la forma de cesarles si se aferran al cargo. La Ley del Deporte aprobada en 2022 carece de los mecanismos eficientes de control mencionados, pero carece de muchas otras cosas. Carece de mecanismos de control real de las personas que acceden a la dirección de federaciones, ligas profesionales y clubes. Sobre muchas de estas personas aparecen frecuentemente noticias de nepotismo, corrupción y a veces sospechas de manipulación de las competiciones. Conviene recordar que ante la falta de herramientas legales del CSD, es decir del Gobierno, para cesar a Rubiales, el ente que le inhabilita acabó siendo la FIFA, sí, la misma entidad que organizó el Mundial de Fútbol del año pasado en Qtar, en aquel desierto climático y de derechos humanos, donde las mujeres carecen de los derechos reconocidos en Europa. La legislación deportiva actual permite y consiente esta doble moral e internacional.
El deporte forma parte esencial de las sociedad de nuestro tiempo, las y los deportistas deben ver sus derechos recogidos y protegidos. Pero la afición a “presenciar” el deporte es consustancial al éste desde su eclosión moderna allá por el final del siglo XIX. La importancia económica pero especialmente social e identitaria de las aficiones deportivas es indiscutible para la sociología y la antropología. Por ello resulta llamativo que la legislación actual, también la Ley del Deporte de 2022, carezca de más mecanismos reales de salvaguarda de los derechos de las aficiones, de democratización de las diversas instancias de gobierno deportivo, incluidos las de los clubes que son Sociedad Anónima Deportiva, aunque también de los que no lo son. Carece a su vez dicha ley de mecanismos que eviten la participación de fondos buitre en SAD españolas, o que puedan poner remedio cuando esto ya ocurre. Carece también de vías para que las asociaciones deportivas que la Ley del Deporte de 1990 obligó a convertirse en SAD puedan revertirse de nuevo a las aficiones que forjaron dichos clubes durante décadas, o al menos para que este proceso sea posible o lo más fácil posible. La Ley de 2022 carece de dichas vías a pesar de la Decisión (2391) de la Comisión Europea de julio de 2016 que consideraba la ley de 1990 una ayuda ilegal a cuatro clubes de futbol que hoy compiten en 1a División. Aquella Decisión dictaba muchas medidas de las cuales el estado español ha hecho caso omiso. Cabe suponer que el hecho de que dichas medidas afectaran a dos clubes españoles de grandes dimensiones nada tendrá que ver con tal inacción. Se podrá abjurar del intervencionismo que supondría legislar sobre las SAD, però además de lo dicho anteriormente cabe recordar que no todos los clubes de 1a División son SAD y que estas SAD no son SA. Sólo así se entiende que las leyes del deporte, la de 1990 y la de 2022, obliguen a personas con contrato en vigor en dichas SAD a acudir a la llamada de la selección española, como bien saben las actuales jugadoras de la selección española de fútbol. ¿Alguien imagina algo parecido con empleadas de las Sociedades Anónimas... no Deportivas?.
Pero la comunidad autónoma donde más eco tuvo, parece, la tramitación de la Ley del Deporte de 2022 fue la Comunitat Valenciana. Esto ocurrió porque Compromís, a través de su entonces portavoz parlamentario Joan Baldoví, presentó más de 40 enmiendas a dicha ley. Compromís vino así a llevar al parlamento medidas para mejorar el funcionamiento general del deporte español y que pudieran revertir a su vez la grave situación económica y social de los clubes históricos valencianos, todos ellos SAD por obra y gracia de la ley de 1990. Para ello la formación de la sonrisa contó con la colaboración de FASFE (Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español), de la asociación valencianista futbolística LibertadVCF, de la Peña del Valencia CF Colla Blanc-i-Negra y del abogado alicantino David Gutiérrez. Había una enmienda de Compromís, por ejemplo, que reclamaba que las competiciones oficiales españolas se disputasen siempre en territorio español. No recibió apoyo alguno, ni en el Congreso ni en el Senado, tal vez fuera por el provechoso negocio que, para la RFEF de Rubiales y para algunos mediadores más, supuso trasladar la SuperCopa de España desde 2019 y hasta hoy a Arabia Saudí. Allí sigue hoy la SuperCopa, así como el desprecio sistemático de los derechos de las mujeres, de las personas LGTB y otros muchos colectivos. La mayor parte de las enmiendas de Compromís pretendían solucionar algunos de los problemas y carencias del fútbol español que aquí se han criticado: democratización, presencia de fondos especulativos y en paraisos fiscales, reversión de las SAD, etc. Algunas de les enmiendas de Compromís fueron admitidas en el Congreso y otras, menos, en el Senado. Gracias a estas enmiendas de Baldoví, entre otros logros, crece el papel de las aficiones en el CSD o se crea la figura del representante de la afición, escogido por ésta, en el Consejo de Administración de las SAD. Con todo, ninguna de las enmiendas que sí formaron parte del texto final ponían realmente en cuestión el auténtico búnker legal en que se han convertido federaciones, ligas profesionales y clubes deportivos, SAD y no SAD. Todas estas entidades acaban por ser “empresas” ávidas solamente de beneficios económicos, absolutamente alejadas de los valores de democracia, diversidad, igualdad y tolerancia que nuestra sociedad merece y reclama. Dentro del deporte también hay vulneración de derechos. El neoliberalismo salvaje, que considera la vivienda y los servicios sociales tan sólo como mercancías, convierte en papel mojado derechos básicos de la ciudadanía. Este proceso también se produce en el deporte, que no puede ser dejado de la mano del estado, la enorme repercusión social de los últimos acontecimientos en el fútbol femenino así lo evidencian.
Como rectificar es de sabios tal vez el nuevo gobierno que se forme, y sus señorías parlamentarias, deberían replantearse dicha ley y hacer las reformas que aquí se han esbozado.