«...que nadie se haga el atrevido y el adelantado y se presente para ser elegido para Alcalde, nadie que no sea persona honrada, hidalgo rico y que tenga Bienes raíces, y sea hombre Fidedigno y que no tenga ningún Mal oficio(…), y si resulta ser algo de eso, que tendrá un multa de dosmil maravedís...»
Ordenanza Municipal de Eibar, 1754
En 2018 se hacía público que el alcalde de Orihuela habría cobrado sin trabajar, durante 6 años, en una adscripción funcional en la Consellería de Sanidad. Situación que, por cierto, no podría entenderse sin su militancia histórica en el PP y su apoyo a las políticas de recortes de la Sanidad Pública durante aquellos años. La respuesta del Sr. Bascuñana pareció sacada de los más recientes manuales de estilo de las élites políticas españolas: lejos de ofrecer alguna explicación o indicio contrario a las informaciones, optó por adoptar un tono altanero y amenazante contra los sectores que demandaban explicaciones y, muy importante, confundir el ámbito de la responsabilidad judicial con la esfera de la responsabilidad política.
Hay una profunda trampa en esto último. En primer lugar, hay conductas perfectamente intolerables en el ámbito político que no tienen por qué constituir un ilícito penal. Además, la justicia no sólo es perfectamente falible (y corrompible), sino que su función es determinar una “verdad jurídica” que no agota la “verdad política”, por así decirlo. Valga el ejemplo del caso Brugal. Ningún análisis serio podría negar la corrupción generalizada que hubo en aquella trama. Sin embargo, buena parte de las personas encausadas fueron absueltas por razones fundamentalmente procesales (personas que, por cierto, fueron protegidas por Bascuñana desde la alcaldía). Hay algo que debe quedar claro: para que un dirigente reciba reproche penal por sus acciones debe haber un proceso judicial exquisitamente respetuoso con sus derechos que así lo decida. Pero para exigir responsabilidades políticas, las variables son otras. Por eso confundir una “petición de dimisión” con un “linchamiento” o una condena penal es algo profundamente ridículo, sólo posible en la subcultura señorial de quienes piensan que el poder les corresponde por naturaleza.
Dijimos en 2018 y repetimos hoy que, más allá de los avatares judiciales del alcalde de Orihuela, a la vista de su actitud soberbia, los indicios acumulados, las informaciones publicadas y contrastadas, la ausencia total de explicaciones e, incluso, los hechos tácitamente reconocidos (el portavoz del PP y mano derecha del Sr.Bascuñana, Rafael Almagro, reconoció, en una de sus habituales torpezas, que el alcalde recibió un descarado trato de favor en la Consellería de Sanidad cuando se le otorgó ese puesto), debía dimitir. En ese sentido, el inicio de la investigación judicial conocido esta semana no hace sino agravar, desde la esfera judicial, una situación que ya era insostenible en el campo político.
Sin embargo, el alcalde de Orihuela no deja de sorprender en su huida hacia delante y nos ha obsequiado con un particular matiz en su táctica de defensa. Ya no es sólo un “linchamiento”, ahora es, también, una persecución por ser “gente de bien”. Creo que la elección de esa fórmula (que reiteró hasta en dos ocasiones en menos de dos minutos), no es en absoluto casual. Hay en ella un hilo que conecta al alcalde de Orihuela con la Ordenanza Municipal del S. XVIII que citaba más arriba. Con esa versión estrecha, rancia y elitista de la democracia, promovida por quienes están acostumbrados a patrimonializar el Estado y confundir el interés general con el particular. Es la “gente de bien” (o de bienes), poseedora de un alma pura y bella, alejada de la fealdad e impureza del “populacho” y que no tiene que dar explicaciones ni rendir cuentas más que ante sí misma. Son los llamados a dirigir los destinos de un pueblo demasiado manipulable, veleidoso y corrupto como para entender el buen gobierno. Dirigentes encerrados en una peligrosa tautología —son gente de bien porque hacen lo correcto y hacen lo correcto porque son gente de bien— cuya impugnación no puede ser otra cosa que conspirar contra el orden natural de las cosas.
Fiscalizar la labor de un mandatario, publicar informaciones contrastadas que le afectan negativamente y, en su caso, pedir explicaciones o responsabilidades políticas, no es ninguna persecución, sino lo normal en cualquier escenario mínimamente democrático. Pero al alcalde de Orihuela no se le puede exigir nada de eso porque él es “gente de bien”. El resto somos otra cosa, supongo.
Yo no sé si el alcalde de Orihuela cometió un delito, eso deberá dirimirse en sede judicial, lo que sí parece evidente es que no ha estado a la altura en términos políticos. Por eso, debemos seguir trabajando para construir, cuanto antes, un Gobierno que no esté tutelado por la señorial obsesión de ser “gente de bien”, sino guiado por la defensa del bien de la gente. De la gente común.