Cuando se comete un error, lo habitual es cometer tres a la vez. El primer error es el originario, el segundo no reconocerlo y el tercer error persistir en él. Errar es humano pero es de humanos sabios reconocer los errores y de más sabios no persistir en ellos. Esto viene a cuento y seguramente me repito de lo dicho en otros artículos, por no abordar cambios sustanciales en la gestión de la función pública, cambios que deberían hacerse con cierta prisa pues lo malo del paso de tiempo es precisamente eso, que el tiempo pasa y como dice la canción de Silvio Rodríguez, nos vamos poniendo viejos. Pero más allá de esa evidencia lo cierto es que la pérdida de capital social (es decir el conocimiento adquirido en la práctica profesional) no se transmite como quien entrega un pendrive.
Ahora que hay una corriente favorable a reforzar la cosa pública particularmente en sanidad y educación, de la misma forma que hace unos años sucedió con la policía, el ejército, la judicatura o las TICs dependiendo de quién manejara la barca, permitiendo así convocatorias amplias para cubrir puestos de trabajo en esos sectores, ampliando o saltándose la tasa de reposición. Es hora de que se permitan esas mismas convocatorias ámplias en los puestos de la llamada “administración civil”, de las administraciones autonómicas y locales, reivindicación que ya alcanza todas las opciones políticas.
No voy a aburrir otra vez con datos respecto a la posición que ocupa España en las tablas de funcionarios por cada mil habitantes, entre otras cosas porque aun siendo muy negativas, esas cifras son un poco engañosas. Lo cierto es que si quitáramos - momentáneamente a los efectos de este artículo - policías, jueces, militares, docentes o sanitarios que han tenido sus momentos de incremento -, las tasas de los funcionarios civiles que gestionan cotidianamente las tareas de la administración, bajaríamos en el ranking europeo a la última posición a mucha distancia del anterior.
Les admito a los que critican el incremento de personal público que sería necesario un adecuado dimensionamiento del mismo tanto en cantidad como a qué grupos alcanzaría (poco sentido tiene incrementar puestos de subalternos, por ejemplo), y que, con toda seguridad, con medidas de agilización y simplificación administrativa no harían falta tantos puestos como hace años, pero el déficit actual acumulado año tras año, es clamoroso.
La tasa de jubilaciones ni por asomo se cubre con las convocatorias que se hacen, en términos generales, en las administraciones públicas. Por hablar de la que más conozco y por poner algunos ejemplos prácticos, la administración de la Generalitat necesitaría cubrir anualmente miles de puestos en todos los sectores para mantener la actividad de aquellas personas que se jubilan. Pero siendo así, no se explica por qué la última oposición de grupo A de administración general ofertó 23 plazas, 15 para promoción interna (para funcionarios realmente existentes que promocionan y que sólo han cubierto 11 puestos) y 8 para nuevo personal, pero que al final han sido ocupadas por personal interino (es decir funcionarios igualmente existentes ya trabajando que consolidan) con lo que, las nuevas incorporaciones, se quedan a cero. Además se ha tardado cuatro años en cubrir esos puestos pues estas plazas se corresponden con la oferta de 2016, años en los que se han jubilado centenares de funcionarios del grupo A dejando finalmente un resultado negativo. Y esto viene siendo así desde hace demasiado tiempo.
Se han convocado recientemente unas pruebas de la oferta de 2018, lo que es una buena noticia. En concreto 80 puestos para A2 orientadores de empleo, 40 de A2 para promoción interna (ascender a personal con C2), 14 puestos para auxiliares de mantenimiento y 7 para estas mismas tareas para promoción interna. Es decir 141 plazas que, con suerte, estarán ocupadas en 2022 aunque la necesidad teóricamente es de 2016 (si no anterior) puesto que la oferta, tras negociación correspondiente, se cierra en 2018. Resumen: se van a cubrir necesidades con un mínimo de 6 años de retraso. Un despropósito que tiene un origen y este es la aprobación de la tasa de reposición que limita la incorporación de personal nuevo además de que los sistemas de acceso a la función pública son, literalmente, decimonónicos. Esta tasa de reposición adoptada por Tirios y Troyanos, ha ido variando en porcentajes y sectores como una medida de control del gasto público sin percatarse de las consecuencias no previstas sobre el empleo, la gestión y la inversión pública, que también son factores de mejora del gasto público.
Para rematar la cosa, quien piense que convocando y cubriendo plazas cada cierto tiempo se soluciona el problema, se equivoca de medio a medio. Incluso en el supuesto de que se cubrieran la totalidad de las jubilaciones de un mismo año con nuevos funcionarios, eso no evitaría los retrasos en la gestión que hoy se dan por culpa de la falta de personal pues las “transferencia” de conocimiento requiere, en muchas áreas de la administración, de una dedicación que solo se logra con el contacto con los “viejos” del lugar. Es necesario pensar en plazos de al menos un lustro para adquirir las habilidades, por ejemplo, en gestión de ayudas europeas que dada la integración y la complejidad normativa no se adquieren, sin despreciarla, con la teoría que se aprende en la preparación de una oposición.
Por cierto, al hilo de esto, no estaría de más que en las fases de oposiciones se incluyera como parte de la misma un año o dos de práctica evaluable y que se pensase en cómo pueden ayudar los funcionarios ya jubilados en la formación permanente del personal. Es una pena que se desperdicie ese capital humano, insustituible y valioso.
De seguir en estas condiciones de déficit de personal y de pérdida de capital social, difícilmente puede ejecutarse el programa del Botánico y los planes de reconstrucción por lo que es urgente que se incorpore personal de manera masiva. Para eso no hacen falta informes de expertos y, me atrevería a decir que tampoco una nueva ley de función pública que repita defectos, simplemente lo que hay que hacer es ponerse manos a la obra. En el caso de la función pública su reconstrucción no pasa por usar los mismos ladrillos ni la misma argamasa que, está demostrado, se desmorona con demasiada facilidad.