Ya son 47 organizaciones empresariales, del ámbito de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (Cierval), las que han suscrito el manifiesto empresarial ante la posible implantación obligatoria en la Comunitat Valenciana del sistema de devolución, depósito y retorno (SDDR) en envases de bebidas refrescantes, zumos, aguas y cervezas. Un sistema que implica el cobro al ciudadano de diez céntimos por cada envase que compre y que se le devolverá cuando retorne el envase vacío en los establecimientos donde se venden.
Actualmente, en la Comunitat Valenciana se sigue el mismo sistema de gestión de toda España basado en el pago de un importe “punto verde” a una entidad sin ánimo de lucro para cubrir los costes de gestión de estos envases, que se realiza en colaboración con los ayuntamientos. La implantación del nuevo sistema que propone la Generalitat supone, “entre otros inconvenientes, complicar la gestión y los costes para empresas y consumidores lo que directamente lastrará la competitividad de las empresas valencianas y aumentará el precio de venta al público”, explican desde la patronal.
En el manifiesto, que está en poder de la Generalitat Valenciana desde el pasado verano, se dice que las empresas sí están a favor de la implantación de medidas que contribuyan a mejorar los objetivos de recuperación y reciclaje de envases, siempre que sean eficientes. Los empresarios y asociaciones de Cierval opinan que en la actual coyuntura económica, no se deben adoptar medidas que condicionen la competitividad de las empresas sin garantías de obtener unos resultados eficientes por lo que, antes de implantar el sistema SDDR, los empresarios se ponen a la disposición de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural para identificar las causas de las bajas tasas de reciclaje y trabajar conjuntamente en el diseño y puesta en marcha de medidas dirigidas a mejorarlas.
Para Cierval, la propuesta del Consell de implantar el SDDR “afecta a la unidad de mercado y complicará la gestión de las empresas al coexistir con el reciclaje aplicado en el resto del territorio español”. Además, insisten en que “crecen los costes de producción por la complejidad logística y de distribución, la diferenciación del etiquetado y la posible tasa administrativa”. La aplicación de SDDR, insisten en que afectará especialmente a las empresas de envasado de aguas y refrescos, cuya actividad tiene un fuerte impacto en el empleo local.
Espacios de retorno de envases
Además, la implantación del SDDR “obligará” a las empresas de distribución y venta de producto (hipermercados, supermercados, comercio y hostelería) a habilitar y acondicionar espacios para el retorno de envases (desagües, electricidad, etc.) “lo que supondrá mayor coste de las instalaciones, una pérdida de superficie de lineal, almacenaje y atención al consumidor”. También tendrían que modificar el sistema de gestión de caja por el importe aplicado en concepto de depósito y retorno del envase (exención de IVA, facturas, tickets, etc.). Asimismo, “incrementarán los conflictos en caja por la revisión de las condiciones del envase retornado”.
Finalmente, “puesto que el establecimiento no tiene control sobre otros líquidos que haya podido contener el envase retornado, podría generarse riesgos sanitario por contaminación cruzada, complicándose la inspección sanitaria”.
Todos estos problemas, apuntan que cobran especial relevancia para los supermercados de barrio, el pequeño comercio, y los establecimientos de hostelería (restaurantes, bares, cafeterías y otros) “con muy limitada superficie de local para las instalaciones de almacenaje de los envases y que deberán adelantar al consumidor el importe aplicado en concepto de depósito y retorno del envase”. Por todo ello, Cierval insta a la Generalitat Valenciana a reflexionar antes de implantar el sistema SDDR y se ofrece para, a través del diálogo con las organizaciones, buscar mecanismos que permitan mejorar la eficiencia y las tasas del reciclado de envases.