Las mujeres migrantes encuentran en el padrón municipal una de las principales barreras de acceso a sus derechos. Es una de las conclusiones del estudio Violencia institucional hacia las mujeres inmigrantes, elaborado por la asociación Por Ti Mujer y presentado en la Universitat de Valencia.
Las conclusiones del informe, con apoyo de la Conselleria de Igualdad, se han obtenido con entrevistas de mujeres de entre 18 y 65 años y entrevistas a entidades del tercer sector, que constatan “la percepción de actitud racista y pobre sensibilización cultural” que provoca “escenarios de atención con prejuicios y estereotipos que vulneran el pleno goce de los derechos humanos de estas personas”. El informe reclama una legislación autonómica que reconozca la violencia institucional a las mujeres, que explica como aquella que se ejerce por razón de género el marco de sus relaciones con las instituciones, perpetrada o tolerada por el Estado. Esta incluye, cita el texto, el retraso, obstaculización o impedimento para el acceso a políticas públicas y ejercicio de los derechos, con un patrón de discriminación reiterado y estructural.
La violencia institucional se ejerce por omisión o por acción, por la reproducción de algún tipo de discriminación en las normas y prácticas administrativas. En el perfil de las encuestadas la irregularidad es la situación administrativa más recurrente, condición que las enfrenta a escenarios recurrentes de violencia institucional, que abarcan los permisos de residencia o los vínculos sociales, especialmente en las personas extracomunitarias, que tienen serias dificultades para la reagrupación familiar
La primera barrera que encuentran las mujeres, aquella que condiciona todas las demás, es el empadronamiento. Es “la puerta de acceso a otros servicios básicos y vitales” y llega hasta el proceso de regularización, para lo que la ley les obliga a permanecer varios años en irregularidad, denuncia. Los problemas en el padrón interfieren en el acceso a la solicitud de permisos de residencia y trabajo, la reagrupación familiar, solicitar la tarjeta sanitaria, acceder a servicios municipales (sociales, culturales o deportivos), homologar el permiso de conducción o matricular a los hijos en centros educativos.
Al margen de la administración, según cita el informe a partir de los testimonios recabados, la persona arrendadora de la vivienda suele mostrarse reticente a autorizar el empadronamiento. Ello supone una barrera añadida a la hora de realizar el registro teniendo en cuenta que uno de los requisitos para su solicitud es presentar el contrato de alquiler y su justificante de pago, pese a que, indican, existe una figura que facilita el empadronamiento para personas con una vivienda insegura o en situación de calle. A los problemas de vivienda -el racismo inmobiliario- se añaden las reticencias de las entidades bancarias a abrir una cuenta, según narran los testimonios. El 44,4% de las mujeres entrevistadas indicaron que les fue muy difícil crearse una cuenta bancaria básica y gratuita.
Las encuestadas perciben que, por su color de piel, indumentaria, origen étnico, nacionalidad o la presunción de dificultad económica son discriminadas directa e indirectamente. Se expresan especialmente en los casos de mujeres de origen africano, las que encabezan familias monomarentales y las mujeres lesbianas, bisexuales o transexuales. Además, citan, en muchos casos no se les ofrece un contrato de alquiler o se limita la vivienda a una habitación sin contrato. En concreto, en la ciudad de València y su área metropolitana “muchas personas inmigrantes terminan concentrándose en barrios periféricos donde el mercado inmobiliario promueve viviendas en unas condiciones de habitabilidad que difícilmente serían consumidas por personas locales, mientras que las mujeres inmigrantes, por no disponer de otras opciones, sí aceptan. Se confecciona entonces una segregación residencial y socio-espacial, un tipo de violencia institucionalizada en el sistema inmobiliario y de la vivienda que enfrentan las mujeres inmigrantes”.
En los casos más comunes, la discriminación lleva pareja falta de información integral en los procesos y un trato poco empático, sin ser consciente de la situación de la persona afectada; en los más severos, agresiones verbales y discriminaciones evidentes. Al acudir a las instituciones públicas, las encuestas reflejan dificultades de acceso debido principalmente al idioma, cuando el castellano no es la lengua materna de la persona que acude-. A ello se suman la burocracia asociada al sistema de cita previa, comunicaciones deficientes o poco claras de parte de las personas en las instituciones, atención despersonalizada y horarios poco flexibles.
El estudio critica la cultura asistencialista “que las trata desde una perspectiva jerárquica y de desigualdad de poder”, donde se reproducen las desigualdades relacionadas con el género, el origen étnico-nacional, la cultura, religión o clase social. En el caso de las mujeres víctimas de violencia machista cuya situación administrativa es irregular la complejidad se agrava, dudan en denunciar y enfrentan “cuestionamientos hacia el objetivo de la denuncia por parte de las personas en la institucionalidad pública”.
Entre las recomendaciones, además de reforzar la mediación intercultural y fortalecer la perspectiva de género con enfoque multicultural, la organización insta a las administraciones a evaluar los requisitos para el acceso a servicios básicos “que obstaculizan el acceso a servicios vitales de las mujeres inmigrantes por barreras y obstáculos relacionados con la situación administrativa”.