La Generalitat Valenciana solicitaba este jueves el aval del Tribunal Superior de Justicia para poder aplicar el pasaporte COVID durante un período de 30 días y en determinados sectores: hostelería (en locales con un aforo superior a las 50 personas), en ocio (discotecas, salas de fiesta, pubs...), servicios recreativos con servicio de hostelería (como bingos o casinos) y en hospitales y residencias para realizar las visitas. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, justificaba esta medida recordando que la libertad “tiene límites, no existe el derecho de contagiar a los demás”.
Sin embargo, se da la paradoja de que, mientras los familiares de residentes y enfermos ingresados en centros hospitalarios deberán presentar el certificado COVID para poder visitar a sus allegados, los trabajadores de los sectores sociosanitarios no están obligados a vacunarse. Según los datos publicados por la Generalitat, en sanidad, está inmunizado con la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus el 99,43% de los 136.606 trabajadores. Es decir, unos 700 empleados de la sanidad valenciana no están inmunizados. En el sector de las residencias, un 3% de los 54.252 trabajadores tampoco se ha vacunado, más de 1.600 personas.
Tal y como recordaba este viernes la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, desde la Generalitat no se les puede exigir la vacunación a los empleados socio-sanitarios que no quieran inyectarse el medicamento contra la COVID-19 porque el Gobierno autonómico “no tiene cobertura legal que permita exigirla”. De este modo, el certificado está pensado para “todas las personas ajenas” a la residencia, no para los trabajadores -al igual que sucede con otros establecimientos en los que se solicitará el justificante de vacunación- debido a que entra en juego “una colisión de derechos con difícil encaje”.
La también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas ha apuntado que si no hay un marco legal que ampare la normativa de la vacunación obligatoria para trabajar en determinados sectores -como sanidad o residencias- no se puede exigir. Así, con la legislación actual, no se puede obligar a nadie a vacunarse: “No hay vacuna obligatoria para esos sectores ni es una competencia autonómica”.
Quienes sí que deberán presentar el certificado COVID, en cualquiera de sus tres modalidades (vacunación, diagnóstico con una PCR 72 horas antes o un test de antígenos de las 48 horas previas y haber pasado la enfermedad en los seis meses anteriores), serán, siempre que el TSJCV así lo autorice, las visitas -mayores de 12 años- y el personal ajeno a los centros residenciales.
El president Ximo Puig también se ha referido al pasaporte COVID, que espera que se pueda poner en marcha el próximo 3 de diciembre, y ha asegurado que en sí mismo “no da seguridad absoluta”, aunque “sí da más seguridad”. El jefe del Consell ha recordado que la pandemia “no ha pasado” y ha insistido en que la principal prioridad es la vacunación, “es decir, que todas las personas que todavía no se hayan vacunado se vacunen y que las que necesiten la tercer dosis se pongan en contacto con los centros de salud para ponérsela”. “Hemos de hacer todo lo posible por cortar la capacidad de contagios, pues nos jugamos la reactivación económica y social”, ha concluido.