El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha pedido al Banco de España que designe un perito para poder seguir investigando a los máximos responsables del Banco de Valencia denunciados por el FROB antes de decidir si archiva varias de las piezas abiertas contra ellos.
Pedraz ha emplazado en una providencia al supervisor a asignar un técnico que “no haya tenido funciones inspectoras ni de supervisión sobre el Banco de Valencia” después de haber recibido una negativa por parte de varios organismos del Estado para proporcionarle dos peritos que le ayuden en su instrucción.
Desde hace trece meses, el magistrado espera, sin éxito, la designación de técnicos por parte de, entre otros, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) o la Secretaría de Estado de Hacienda para poder continuar con sus pesquisas.
Ahora, ha optado por dirigirse al Banco de España, que ya ha facilitado peritos en otras investigaciones judiciales, para pedirle un “experto en tasaciones” para que informe, “sobre la base de su experiencia en ese campo, sobre cualquier irregularidad” que pueda detectar en algunas de las operaciones que investiga.
También deberá analizar, de acuerdo con la normativa, la “corrección de las tasaciones realizadas con motivo de la financiación y dación en pago” objeto de esta investigación.
La última negativa que recibió el juez fue la de la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria (Segipsa), lo que le llevó a preguntar a principios de diciembre a las partes personadas en varias piezas abiertas contra la cúpula de la entidad si debía archivarlas o bien proponía juzgarles.
Por lo primero se decantó el exconsejero delegado Domingo Parra, mientras que el FROB reclamó continuar con el procedimiento, según fuentes jurídicas consultadas por Efe.
En un principio, su pregunta se enmarcó en la pieza en la que imputó a Parra, al director de participaciones inmobiliarias Alfonso Monferrer y al empresario Bartolomé Cursach por un delito de apropiación indebida por “conductas que acabaron provocando la reestructuración de la entidad” y su posterior intervención.
Pero después se amplió a todas aquellas en las que hay tasaciones pendientes, entre ellas la que afecta al expresidente José Luis Olivas, Domingo Parra y el exdirector general de Bancaja Aurelio Izquierdo, a los que el FROB acusa de provocar “un perjuicio mínimo de 120 millones de euros”, gracias a diversas operaciones “de dudosa racionalidad económica” con el grupo inmobiliario de Ramón Salvador.