Les Corts han dado luz verde este miércoles a la modificación de la ley de designación de senadores territoriales propuesta por Podemos. Esta medida fue polémica desde que empezó a gestarse, con el plantón de Rita Barberá a la comisión que pedía su comparecencia para explicar su implicación en la Operación Taula. Aún en la votación, los grupos que la han sacado adelante mantenían ciertos desencuentros.
Si bien los partidos consideraban en su origen que Barberá debería abandonar el escaño, no creían oportuno hacer una ley “contra nadie” . Y así fue evolucionando la idea de una ley que permitiera la revocación, enmendándose en la comisión hasta llegar a un texto alejado de las ambiciones iniciales. La propuesta de Podemos buscaba que los senadores territoriales que hubieran traicionado la confianza de la cámara pudieran ser expulsados por la misma que los eligió, poniendo como ejemplo el caso de Barberá. Finalmente, el texto no se elaboró con esa cláusula de retroactividad, rechazada por PSPV y PP.
La modificación legal prevé la revocación de los senadores territoriales, designados desde les Corts, cuando se “justifique la pérdida de confianza, fundamentada en el incumplimiento de las obligaciones del senador o senadora”. Para que sea efectiva, al menos dos grupos parlamentarios deberán solicitar la revocación, que necesitará la votación afirmativa de dos tercios de los diputados y ningún voto negativo entre los diputados del grupo que en su día propusiera al senador.
Esta ambigüedad respecto a qué supone la “pérdida de confianza” es uno de los motivos que esgrime el PSPV contra la ley. Su portavoz, Manolo Mata, ha afirmado en el pleno que votaban favorablemente por lealtad con sus socios de gobierno, pero ha advertido “que no cuenten con el PSOE para iniciar ninguna revocación”. El portavoz socialista criticado que la ley incluya “conceptos jurídicos indeterminados y conceptos morales en la exigencia de comportamientos políticos”. Es decir, el PSPV, rechaza que haya un “tribunal” de diputados que puedan revocar senadores, porque “es una decisión del pueblo”.
Asimismo, ante las palabras anteriores de Montiel -“con esta norma buscamos elegir a los mejores” en el Senado - el socialista ha replicado que “la política no es una meritocracia, es la voluntad popular y el pueblo es el que decide quién le representa”.
La intervención del socialista ha sido aplaudida desde la bancada popular, que ha votado en contra. Alfredo Castelló, que ha defendido la posición del grupo, ha tildado la ley de “cafrada” y contraria a la Constitución. Ante esto, Podemos y Compromís replicaban que “es una responsabilidad política reforzar la representación de los Senadores” y “la sociedad avanza más rápido que la Constitución, hay que ponerla a su altura”.