Un agente de la Policía Nacional se infiltró en los movimientos sociales valencianos durante dos años, según ha destapado La Directa. A través de su participación en el movimiento vecinal, el policía logró meterse en el movimiento antifascista e incluso participó en las movilizaciones contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, que se saldaron con fuertes disturbios en el centro de Valencia.
El infiltrado forma parte de la misma promoción de la Escuela de Policía de Ávila que los otros dos agentes detectados en el movimiento independentista y anarquista de Barcelona. Un año después de ser nombrado funcionario de policía, bajo la identidad encubierta de Ramón Martínez Hernández, el topo aterrizó en marzo del 2020 en el barrio de Benimaclet, que concentra gran parte del activismo social y estudiantil de Valencia.
El joven se presentó como oriundo de l'Hospitalet de Llobregat y empezó a participar en Cuidem Benimaclet, que agrupa a entidades del barrio y ha protagonizado las protestas vecinales contra el proyecto urbanístico que impulsa la constructora Metrovacesa. Las asambleas y actividades de Cuidem Benimaclet son públicas y se anuncian en redes sociales.
La investigación de La Directa ha logrado acreditar la identidad real del infiltrado mediante un informe pericial fisionómico. Durante el verano del 2020, el agente infiltrado se incorpora a tres colectivos del Centro Social Okupado y Anarquista (CSOA) L'Horta, a través de los cuales mantiene amistades en el entorno del barrio, donde todos los activistas se conocen en mayor o menor medida.
Matriculado en el grado de Trabajo Social de la facultad de Ciencias Sociales de la Universitat València, el policía participa en una protesta contra el desalojo del CSOA L'Horta el 14 de diciembre del 2020, tal como acreditan las fotografías de la protesta que movilizó a centenares de vecinos del barrio.
El 15 de enero del 2021, el agente participó en la ocupación de una inmobiliaria, en el marco de la campaña “La Sareb és nostra”, impulsada por la entidad Entre Barris.
El policía, según el semanario que ha destapado su infiltración, habría participado en acciones contra las vallas que perimetran el espacio en el que Metrovacesa pretende construir un proyecto urbanístico. El 2 de junio del 2021, durante una protesta vecinal contra el proyecto, algunos activistas tiraron de nuevo las vallas. La Brigada de Información de la Policía Nacional detuvo semanas después a varios activistas acusados de los presuntos delitos de daños y desórdenes públicos.
El infiltrado, según las fotografías publicadas, participó también en las movilizaciones contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. Durante la segunda manifestación celebrada en Valencia, el 18 de febrero del 2021, algunos grupos se enfrentaron con los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), que cargaron con contundencia a lo largo de toda la marcha.
Su última aparición pública documentada fue el 1 de mayo del 2021, mientras participaba como miembro del cordón de seguridad de la manifestación convocada por Acció Antifeixista de València. Meses después, en septiembre del 2021, acabó su labor de infiltración. A su entorno más cercano, le explicó que regresaba a Barcelona y que había solicitado el traslado de su expediente académico.
Los espiados denuncian la criminalización de la “disidencia política”
Los colectivos espiados han denunciado en un comunicado “la vulneración de los derechos fundamentales” que supone la infiltración del agente y acusan al Ministerio del Interior de utilizar “de manera continuada” esta práctica policial “para intentar desestabilizar y criminalizar la disidencia política”.
“Esta estrategia policial tiene como objetivo principal el control político de los movimientos de calle y utiliza toda una serie de mecanismos que sobrepasan los límites legales y legítimos propios de un Estado que se dice democrático”, agrega el comunicado.
Los colectivos, organizados de manera asamblearia, defienden que su trayectoria es “pública y conocida”. “Somos espacios abiertos, que hacemos barrio y hacemos comunidad”, añade. El comunicado también denuncia la “ilegalidad” de una infiltración que “no responde a ninguna investigación judicial ni viene autorizada por ningún juez”.
“De la actividad investigadora que ha llevado a cabo el infiltrado, no se ha derivado ninguna causa judicial contra estos colectivos, pero sí que habrá servido para crear una larga lista de nombres y apellidos de activistas, amplificando el trabajo que hace la Brigada de Información de la Policía Nacional (la policía política del Estado) en la ciudad de Valencia”, reza el comunicado.
Compromís y Unides Podem piden explicaciones a Interior
La portavoz de Unides Podem en las Corts Valencianes, Pilar Lima, ha pedido explicaciones al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno sobre los motivos por los que se decidió infiltrar a un agente de la Policía Nacional “en el movimiento vecinal y en los movimientos sociales de ciudad”. Marisa Saavedra, diputada de Unides Podem en el Congreso de los Diputados, ha registrado preguntas parlamentarias al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Compromís ha calificado como un “hecho gravísimo” la infiltración policial. “Creemos que la situación requiere la comparecencia en el parlamento del ministro Grande-Marlaska y así la hemos solicitado para que se produzca de manera inmediata”, ha asegurado el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví.
“No podemos entender que desde el Ministerio del Interior se propicie la infiltración policial en movimientos sociales, no podemos consentir este tipo de actuaciones en una democracia”, ha añadido Baldoví.
Por su parte, la síndica de Compromís en las Corts Valencianes y vecina de Benimaclet, Papi Robles, ha calificado estas prácticas de “oscuras y antidemocráticas”. Para Robles “la policía tiene que garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas y no jugar a espías dentro de los movimientos sociales con dinero público”. “Exigimos responsabilidades al gobierno central por esta inaceptable actuación”, ha agregado.
El senador de Compromís, Carles Mulet, ha registrado este lunes una batería de preguntas y peticiones de comparecencia en Senado ante el “nuevo escándalo” por la infiltración en València de un “topo policial” en movimientos vecinales y la Universitat de València.