Los abusos de menores que el PP reprocha a la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra no se produjeron en el sistema de protección que depende de su conselleria. El informe sobre abusos de menores tutelados en la Comunitat Valenciana, una recopilación de documentación del Síndic de Greuges y que los populares llevan semanas agitando, recoge que entre junio de 2020 y junio de 2021 se iniciaron 175 actuaciones en casos con sospecha de abusos.
El documento, que resume la documentación remitida por la conselleria, ha dado alas a la oposición para crear un escándalo de abusos de menores tutelados, que la bancada conservadora y la ultraderecha vincula a la condena al exmarido de la consellera. PP, Ciudadanos y Vox han reclamado desde entonces el cese o dimisión de la vicepresidenta y de sus subordinadas en la conselleria acusándola de complicidad, encubrimiento y desprotección de los menores tutelados y vinculando los protocolos activos con abusos. La portavoz del PP, María José Catalá, afirmó el 3 de enero que “desde el 20 de junio de 2020 al 20 de junio de 2021 hay 175 menores del sistema de protección de la Generalitat que han sufrido abusos, el 72% de ellas en acogimiento residencial”. Sin embargo, el análisis de los casos que aporta la Conselleria de Igualdad, a través del servicio de protección Saana, dibuja una realidad distinta.
En la comparecencia de este martes en la Diputación Permanente de las Corts Valencianes, la titular de Igualdad ha desagregado los datos y la documentación que fue remitida a la institución que funciona como un defensor del pueblo para dar respuesta a la interpelación del PP. Los informes de los servicios de atención indican que 58 menores sufrieron abusos en su hogar y este fue el motivo de la retirada de la custodia a sus familiares, mientras que otros 73 menores revelaron los abusos cuando se encontraban en el sistema de protección. Es decir, que en el periodo analizado se comunicaron 135 abusos ocurridos antes de que los menores fueran tutelados, la mayoría de ellos perpetrados en el entorno familiar. “No es que sean tutelados abusados, sino que están tutelados por haber sido abusados”, remarcaba Oltra en su comparecencia, en la que las tres formaciones de la oposición han reclamado su dimisión. Ciudadanos y Vox se han sumado a la denuncia del PP, que remitió varias quejas al Síndic de Greuges y ha elevado la respuesta a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, insistiendo en la vinculación de la activación del protocolo con un abuso producido en el sistema de protección.
Respecto a los abusos detectados producidos en el periodo analizado, 12 de los casos responden a “conductas sexuales inadecuadas” para la edad del menor, que se derivan a los mismos servicios de atención. En una decena de los casos detectados, el abuso se ha producido entre menores de edad y en seis casos durante visitas a familiares. Los 16 restantes se han producido “en el entorno de proximidad de la víctima”. Todos los casos, reitera el informe, han sido trasladados al Ministerio Fiscal pese a no ser conductas constitutivas de delito o a que los menores sean inimputables, como se ha detectado en un supuesto. En concreto, se interpusieron 118 denuncias policiales.
“No hay 175 menores en el sistema de protección que hayan denunciado abusos sexuales en un año. Eso no lo dice el informe del Síndic, ni la Conselleria de Igualdad. Ustedes lo saben y han mentido”, afeaba la vicepresidenta, respaldada por el resto de grupos del Pacto del Botánico, a la oposición. “Tenemos los mecanismos y las personas formadas” para la protección de los menores más vulnerables“, ha defendido, además de remarcar que el Servicio de Atención de Abusos a Niños, Niñas y Adolescentes (SAANA) atiende tanto a menores acogidos en el sistema por haber sufrido presuntos abusos como otros que una vez dentro ”se sienten con la seguridad suficiente“ para contar estos hechos. Un proceso de ”revelación“, ha puntualizado, que no es fácil ni rápido porque ”algunos no lo revelan nunca o ya cuando son adultos“, azotados por el estigma, la culpa o la vergüenza, como sucede con las víctimas de violencia de género. La sociedad, ha remarcado, no puede vivir de espaldas.