La Abogacía de la Generalitat Valenciana cuestiona la reforma de la ley de protección del territorio (conocida como LOTUP) impulsada por el PP en el Consell. El órgano jurídico pone reparos al proyecto de decreto ley de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, que reduce los trámites para los llamados proyectos estratégicos y elimina la obligatoriedad del procedimiento de exposición pública.
Según el informe al que ha tenido acceso elDiario.es, la Abogacía recuerda que la consideración del proyecto estratégico exige la valoración previa del cumplimiento de los objetivos, principios y criterios de la estrategia territorial de la Comunitat Valenciana, el instrumento territorial vigente. “La exención del trámite de consulta pública respecto a los proyectos territoriales estratégicos debe ser interpretada, como toda excepción, con carácter restrictivo”, dice el texto. La valoración debe “necesariamente” concluir con un informe en el que se justifique la “adecuación y compatibilidad con la estrategia” del proyecto presentado.
Por ello, continua el análisis, “cualquier decisión administrativa que implique la aprobación de una actividad industrial como PTE requerirá, en su momento, el sometimiento al trámite preceptico de participación pública”. Asimismo, “el documento de planeamiento que le dote de cobertura deberá ser sometido al procedimiento de evaluación ambiental estratégica”. La Abogacía establece como salvedad que la actividad industrial se ubique en terrenos que ya cuenten con planeamiento “territorial y urbanístico compatible que permita su implantación sin necesidad de aprobar un nuevo instrumento”.
En la memoria, la Generalitat afirma que la eliminación del trámite de consulta pública previa “pretende evitar una sobreexposición de proyectos que, por su naturaleza, requieren de un componente de confidencialidad y evitar movimientos especulativos en relación con el precio del suelo que se incluye” en el proyecto, además de la simplificación administrativa. Según explicó la consellera Salomé Pradas en su comparecencia, el Ejecutivo autonómico decidirá “caso por caso” si debe realizarse o no la consulta pública previa, en “los términos previstos” en la legislación, con el objetivo de “acortar y agilizar plazos”.
En sus observaciones, los servicios jurídicos indican que falta el informe del subsecretario de la Conselleria de Medio Ambiente para el decreto, y afea al Consell que no se ha llevado a cabo el trámite de consulta previa, audiencia y participación pública, ni tampoco se ha remitido a otras consellerias para que hagan sus alegaciones en la tramitación del decreto-ley. El Ejecutivo autonómico ha incluido en el mismo decreto las rebajas del transporte público y la modificación de la ley urbanística.