La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que testifiquen unas sesenta personas en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la organización de la Fórmula 1 en Valencia y la posterior compra de Valmor Sports por un euro, entre ellas, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
Según ha avanzado hoy Las Provincias, el fiscal solicitó estas testificales hace ya dos meses, en el momento en que interpuso la querella contra Camps y contra la exconsellera, ex secretaria autonómica de Comunicación del Consell y exdirectora de Televisión Valenciana, Lola Johnson, y el expiloto Jorge Martínez 'Aspar', por presunta malversación y prevaricación en la gestión de la Fórmula 1 en Valencia, según han confirmado fuentes conocedoras del procedimiento.
Entre los 60 testigos que reclama, figura el nombre de Alberto Fabra y de los miembros del Consell que aprobaron la compra de Valmor Sports por la cantidad simbólica de un euro, asumiendo la deuda millonaria que esta mercantil arrastraba: el vicepresidente del Consell, José Císcar, y la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig. El ministerio público no solicita la imputación de estas personas puesto que entiende que esta compra les vino ya hecha como consecuencia de los acuerdos que firmaron Camps y Johnson.
Así mismo, el ministerio público pide la testifical de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, quien asistió a algún encuentro con Camps y el magnate de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, por la carrera; del concejal de Deportes en el consistorio valenciano, Cristóbal Grau; el expresidente de la Generalitat y de Bancaja, José Luis Olivas; y el empresario Fernando Roig. Estos dos últimos fueron socios constituyentes de Valmor junto a Aspar.
Estas testificales tendrán que esperar hasta que se designe un juez instructor de la causa, puesto que de momento lo que ha hecho la sala de lo Civil y Penal del TSJCV es admitir a trámite la querella del fiscal contra Camps, Johnson y Aspar y ha suspendido provisionalmente el plazo de presentación de recursos contra esta admisión hasta que se solucionen unos “defectos” apreciados en la documentación de Fiscalía.