La Generalitat Valenciana trabaja en un paquete de medidas para paliar el impacto de la inflación en los colectivos más vulnerables. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha confirmado este lunes que a lo largo de esta semana se cerrará el acuerdo del bono comercial para abaratar la cesta de la compra, una medida que su equipo lleva meses trabajando con los supermercados.
A esta propuesta, que se financiará por el Gobierno autonómico en gran medida y para la que se prevén 15 millones de euros de presupuesto, se suman otras proposiciones para mitigar la subida de precios. Puig ha avanzado en Les Notícies del Matí, de À Punt, que está negociando con los bancos alguna fórmula para abaratar las hipotecas, que con la subida de tipos de interés están produciendo situaciones de asfixia en algunos hogares.
La idea que ha tomado forma en el Consell es la elaboración de un decreto ley, que se aprobaría en el pleno de este viernes, con efectos prácticamente inmediatos, e incorporaría otras medidas sobre el precio de la vivienda. La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda, que dirige Héctor Illueca, de Unides Podem, negocia con los socialistas expandir las ayudas del alquiler joven, que en la última convocatoria abarcó a cerca de 4.000 personas.
Fuentes de la Vicepresidencia Segunda explican que pese a ser la mayor dotación en la serie histórica, con 22,8 millones de euros, la ayuda se está quedando corta respecto a las solicitudes. El pasado año se recibieron 24.069 solicitudes, aunque cerca de la mitad son erróneas o no cumplen los requisitos. El bono joven se financia con aportaciones del Gobierno central, a través del Ministerio de Transportes, que en el Consell considera aún insuficientes.
Si la fórmula adoptada para el paquete de medidas anticrisis es el decreto-ley, los morados condicionan sus votos a que éste lleve de la mano medidas para reducir el esfuerzo de los menores de 35 años para sufragar una vivienda. “Planteamos que la convocatoria de ayudas de 2023 tenga una dotación presupuestaria suficiente”, apuntan desde Vivienda, que acaba de aprobar una ayuda de hasta 10.000 euros para la compra de vivienda a menores de 35 años.
Según los datos que maneja el departamento gestionado por Unides Podem, el 86% de los jóvenes valencianos no puede emanciparse, dado que de media necesitan un 64% de su salario para pagar el alquiler y un 41% para hacer frente a la cuota hipotecaria. Por ello, insisten, aunque no han planteado una cifra completa de apoyo extra, se debe “ampliar al máximo la dotación de la partida”, dado que “la situación de los jóvenes es dramática”.
Por otra parte, en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige Aitana Mas, de Compromís, plantean recuperar la vía que se empleó durante la pandemia para dar ayudas a los colectivos más vulnerables. El departamento aboga por activar las prestaciones que gestionan los servicios sociales municipales, llamadas prestaciones económicas individualizadas de emergencia, en las que se inyectaron 11 millones de euros en 2020. De esta forma, el beneficiario decide dónde gasta la ayuda, desde grandes superficies a pequeños comercios. Algunos cargos de Compromís muestran su descontento con que no se haya contado con las conselleries competentes en servicios sociales y en consumo para negociar esta medida con el sector de la distribución alimentaria.