La Administración autonómica no puede exigir un nivel de valenciano que no se homologue al que puede conseguirse en la escuela pública para ser funcionario. Es el argumento que esgrime la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, para defender el requisito lingüístico que su departamento plantea en el reglamento de acceso a la función pública, con un nivel por debajo del que esperan los socios del Gobierno del Pacto del Botánico.
La propuesta de la consellera socialista, que defienden los sectores mayoritarios, deja en un B2 el requisito para acceder al cuerpo de la administración autonómica, excluyendo al personal de Educación y Sanidad, y ha provocado una rápida reacción de Compromís, de la organización Escola Valenciana y de la Intersindical Valenciana, entre otras entidades, que exigen un C1, como en Cataluña o Galicia. “En ningún caso puede ser un plus” sobre lo que oferta el sistema educativo, ha subrayado Bravo en un desayuno con los medios de comunicación, donde ha considerado que carece de sentido que se exija una acreditación de una de las dos lenguas cooficiales en la Comunitat Valenciana.
La cuestión lingüística ha tensado las relaciones entre PSPV, Compromís y Unides Podem desde el inicio de la legislatura, con los socialistas situados en una posición que sus socios entienden más conservadora. La consellera de Justicia pasa el balón a la Conselleria de Educación, que dirige el valencianista Vicent Marzà, y entiende que debe ser el sistema educativo el capaz de incrementar la competencia lingüística de los futuros funcionarios. Así, defiende Bravo, no se trata de defender un nivel inferior, si no el “necesario”; que el valenciano no sea un mérito en el acceso, sino una obligación al mismo nivel. En todo caso, apunta la titular de Justicia, el requisito tendría un periodo de transición para no afectar a los procesos selectivos ya convocados.
Compromís, el socio más beligerante en las cuestiones lingüísticas, afeó este lunes a los socialistas el desacuerdo. “Es profundamente incoherente que exista pleno acuerdo en la capacitación lingüística del profesorado de educación Infantil, por ejemplo, a quien se le exige el nivel 'mitjà' de valenciano, pero que en cambio se proponga un nivel inferior para personal que ha ser competente para entender y redactar informes de alto valor administrativo”, indicó la diputada Nathalie Torres.
Algunos sindicatos y entidades sociales consideran “inaceptable” la rebaja del requisito lingüístico que se planteó este lunes. Intersindical critica que el reglamento establece “unos niveles que no garantizan en absoluto el dominio lingüístico pertinente para poder atender la ciudadanía en valenciano, puesto que solo con el nivel del bachillerato todos los cuerpos funcionariales tienen reconocida la competencia en valenciano”. Por su parte, Escola Valenciana reivindica una ley de Igualdad Lingüística y recuerda que “tres de cada cuatro vulneraciones lingüísticas registradas se producen en el ámbito de la administración pública”. Por este motivo, la entidad considera que “blindar los derechos lingüísticos de la ciudadanía con un funcionariado competente en nuestra lengua es innegociable”, puesto que “no se podrán garantizar los derechos lingüísticos de las personas valencianohablantes si el personal de la administración pública no es competente en nuestra lengua”.