El expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps dice desconocer quién fijó el precio y de acuerdo a qué criterios tanto del Valencia Summit 2004 como del proyecto Juegos Europeos que firmaron instituciones valencianas con el Instituto Nóos y por los que pagaron 3,1 millones de euros.
Así figura en la declaración por escrito como testigo de Camps del pasado sábado, a la que ha tenido acceso Efe, en la que responde a 64 preguntas del Ministerio Fiscal y a 8 de Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, sobre la relación de la Generalitat con el Instituto Nóos y la organización de congresos sobre deporte y la posibilidad de celebrar en Valencia los primeros Juegos Europeos.
Camps defendió que, en todas las administraciones a las que ha pertenecido, ha dejado “libertad absoluta” a los servicios jurídicos y funcionarios para elaborar los procedimientos sobre formalización de un contrato público o convenio, “limitando” su papel “al estrictamente designado en cada responsabilidad política”.
El expresident señaló que la administración autonómica y sus organismos autónomos “actúan siempre bajo el principio de legalidad y del interés general”.
Sobre el proyecto de Juegos Europeos, asegura que fue “una decisión política del Consell y del Parlamento valenciano”, ya que este último hizo “suya esta idea” planteada en el debate de política general de septiembre de 2005, y si no recuerda “mal, con ningún voto en contra”.
Según Camps, el entonces vicepresidente del Gobierno valenciano, Víctor Campos, le comentó antes del verano de 2005 la posibilidad de que se celebrasen los primeros Juegos Europeos en Valencia, una posibilidad “cierta y que contaba con el apoyo del olimpismo español”.
Respecto a quién se encargó en la Generalitat de la tramitación administrativa previa a la firma del convenio de Juegos Europeos, Camps indica que “debieron ser los servicios jurídicos correspondientes, que recogerían este proyecto y elaborarían la propuesta definitiva, como siempre ocurre en cualquier convenio que conlleva la aprobación del pleno del Consell”.
El convenio de los Juegos Europeos se aprobó por el Gobierno valenciano “con todos los parabienes de los servicios jurídicos y otros departamentos de la Generalitat, que actuaron con la total objetividad en la defensa de los intereses públicos”, afirmó.
Camps destacó que, “por lealtad de España”, y dada la incompatibilidad con la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos, anuló su visita prevista a principios de 2011 al presidente del Comité Olímpico Internacional en Lausana sobre los Juegos Europeos, y a cambio solo pidió que se mantuviera a Valencia como subsede de vela de Madrid 2020.
Camps señaló que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, le comentó la posibilidad de celebrar en Valencia un congreso que uniese deporte y proyección de la ciudad, el Valencia Summit 2004, y negó que se reuniera con Iñaki Urdangarin en el Palacio de la Zarzuela o en cualquier otro lugar para hablar de ese proyecto.
También negó que Urdangarin o Diego Torres, del Instituto Nóos, le propusieran la realización en Valencia del Valencia Summit 2004, y a la pregunta de quién decidió que la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia organizasen conjuntamente y asumiesen la mitad de los costes de esa cumbre afirmó: “Imagino que los organismos correspondientes”.
Asimismo, negó que facilitara a los dirigentes de Nóos un listado de instituciones y empresas públicas valencianas para que les presentaran el proyecto Valencia Summit, y aseguró que no comunicó “a nadie” ese proyecto ni lo comentó con el entonces conseller de Economía, Gerardo Camps, ni con el secretario autonómico de Eventos, Luis Lobón.
Camps dice desconocer por qué se articuló la relación con el Instituto Nóos a través de un convenio de colaboración o si se hizo un análisis previo del precio, y a la pregunta de si influyó en él la posición institucional y social de Urdangarin a la hora de trasladar el proyecto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias responde: “Obviamente, no”.
El expresident destaca que la empresa pública Ciudad de las Artes y las Ciencias es un organismo autónomo con capacidad para tomar decisiones, y que sus servicios jurídicos son los que tomaron la decisión de no abrir expediente alguno y pedir informes jurídicos y técnicos antes de suscribir el convenio de colaboración con Nóos.