El ex President de la Generalitat Valenciana Francisco Camps firmó la prórroga de la celebración de la Fórmula 1 en València el 19 de julio de 2011, el día antes de dimitir de su cargo, cuando estaba imputado por el conocido como 'caso de los trajes' de Gürtel. Esta prórroga fue ordenada por el propio gabinete de Camps pese a que había advertencias de presuntas irregulares administrativas, según explican los periódicos Levante-EMV y El Mundo, pero pese a ello se produjo la firma de ampliación del Gran Premio de Fórmula 1, cuyo coste se ha llegado a calcular en 300 millones de euros.
Esta información es la que se ha desprendido de la declaración de la que fue la intérprete entre Camps y el propio Bernie Ecclestone, el magnate de la Fórmula 1, la también directiva de Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV), Belén Reyero, durante su comparecencia ante la jueza y el fiscal que investigan el caso. Reyero añadía que la regulariazción de las posibles trabas legales se solventarían en el futuro con la acción de Camps desde el Consell, pero el President dimitió al día siguiente y no pudo llevar a cabo estas correcciones.
La declaración de la testigo se produce dentro de las pesquisas sobre la presunta ilegalidad de la compra por parte de la Generalitat de la empresa Valmor, explotadora de los derechos de la Fórmula 1 y que estaba en bancarrota. Así el contrato firmado el 19 de julio de 2011 probaría que no era necesario que el gobierno tuviera que recurrir a la compra de Valmor y asumir su deuda de más de 32 millones para de euros para poder continuar el compromiso de organizar las carreras y no tener que pagar una multa de 72 millones de dólares. Según este contrato la compra de Valmor no habría sido necesaria porque fijaba a la Generalitat como “nuevo garante” en sustitución de Bancaja, que era la entidad bancaria garante en el primer contrato, por lo que el gobierno valenciano se convertía en parte del contrato de los derechos del circuito.