El grupo parlamentario Compromís lleva a las Corts Valencianes las dudas sobre la financiación de Vox. El grupo parlamentario ha presentado una proposición no de ley para que la Cámara debata “sobre la necesidad de adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de financiación de partidos políticos y las fundaciones vinculadas”, aludiendo a la formación de ultraderecha.
La portavoz adjunta de Compromís, Isaura Navarro, recuerda las dudas del Tribunal de Cuentas sobre la financiación del partido, cuyo gerente ha cesado. El ente fiscalizador advierte de irregularidades en la financiación del partido de ultraderecha, que ha traspasado casi siete millones de euros a su think tank, dirigido por Santiago Abascal, en cuatro años. “El partido de ultraderecha Vox ha tenido que cesar a su gerente después de que se hiciera público el nforme del Tribunal de Cuentas donde se han detectado varias irregularidades, dándose a conocer los pagos multimillonarios que se cifran en torno a 7 millones de euros en los cuatro últimos años, realizados a la Fundación Disenso, que actúa como Think Tank de Vox”, ha denunciado la parlamentaria.
La proposición insta a las Corts Valencianes a “impulsar los cambios y medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de financiación de partidos políticos y las fundaciones vinculadas, evitando malversaciones, incrementando los controles y avanzando en políticas de transparencia”.
En un comunicado, Navarro considera que “lo que se desprende de todo esto es que en Vox, detrás de la pantalla del españolismo ultraliberal, el ultracatolicismo, el racismo y la xenofobia, lo que hay es un gran negocio. Vox es un negocio de alguna gente, que además sirve para colocarse en lugares claves y continuar haciendo negocio defendiendo sus intereses empresariales”, asegura la parlamentaria.
En una circular interna fechada en Valencia, referente a la regularización del dinero procedente de venta de merchandising, el partido dedica un espacio a “Beneficios por donaciones anónimas en mesas informativas. Límite máximo, 299 euros. El ingreso en cuenta (no transferencia). Se trata de beneficios de actividades del partido”, y pide que se realicen en efectivo, según informa Raquel Ejerique. Las donaciones anónimas a los partidos políticos están prohibidas desde 2007. Cuatro días más tarde de estas circulares, la tesorería nacional de Vox envía el correo sobre cómo “regularizar” el merchandising, sin citar ya la palabra “donaciones” o “donante”, pero manteniendo el límite de 299 euros, cifra que coincide con el límite de la ley de financiación de partidos políticos para la trazabilidad del ingreso.
La representante de Compromís vincula estas informaciones a otros casos de corrupción del PP, con quienes Vox comparte gobierno en la Generalitat Valenciana. “Es una manera de proceder que se repite en los múltiples casos de corrupción que han protagonizado y que necesita de perfiles como los cargos que nombran para la gestión de la administración pública, como hemos visto ahora en el caso de la conselleria de Sanidad. El PP y Vox funcionan igual y por eso el entendimiento entre ellos es tan grande. Vox es el hijo enseñado del PP”, dice la diputada. “Es por eso que llevamos a Las Cortes Valencianas esta iniciativa que apuesta para luchar contra malversaciones, incrementando los controles y avanzando en políticas de transparencia”, concluye Navarro.