Tres fuerzas políticas, tres formas de afrontar la pandemia. En el Gobierno del Pacto del Botánico, formado por el PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem, no hay una receta única para tratar de minimizar las consecuencias de la COVID-19. Dos de las tres patas del Gobierno valenciano han incrementado durante la última semana la presión sobre los socialistas que lidera Ximo Puig para aumentar las restricciones en la Comunitat Valenciana, pero el dirigente, quien tiene la última palabra, se muestra reacio a incrementar las restricciones y considera que las medidas suponen “un semiconfinamiento en la práctica”.
El aumento de casos positivos por coronavirus desde Navidad y los récords de víctimas mortales y de personas hospitalizadas han llevado a Compromís y Unides Podem a plantear medidas más severas que las anunciadas el 5 de enero y que están en vigor desde el día 7 jueves. Desde entonces, hay una treintena de municipios confinados perimetralmente, se ha adelantado la restricción de movilidad nocturna a las 22 horas y los establecimientos hosteleros deben cerrar a las 17 horas y los locales tienen la obligación de operar al 30% de aforo. Los socialistas que lidera Puig consideran que las medidas son suficientemente restrictivas y que “la prioridad es el cumplimiento estricto de lo que ya hay. No por aumentar las medidas vamos a aumentar la capacidad de respuesta”, expresaba el presidente tras una reunión este martes. Puig duda públicamente de que haya una “relación directa” entre restricciones y nuevos contagios.
La rama socialista del Ejecutivo autonómico, que ostenta el control de las decisiones sanitarias y de las restricciones -suyas son las conselleries de Sanidad Universal y de Justicia, con competencias en Interior-, opta por esperar 10 días para ver si las medidas en vigor desde el 7 de enero son o no eficientes para frenar los contagios. Los datos de Sanidad se analizan a diario, pero para tomar medidas más contundentes los socialistas prefieren dar cierto margen, aunque no descartan adoptar entonces nuevas medidas. “Hay margen todavía para llegar a otras medidas antes de un confinamiento domiciliario, que también tiene consecuencias muy negativas sobre la salud. Es competencia estatal pero, en cualquier caso, sería el último espacio posible”, expresaba el presidente.
Pese a que la formación valencianista lleva varios meses reclamando adelantar el toque de queda y restringir actividades no esenciales, la coalición que dirige Mónica Oltra insistía este martes en suspender la actividad hostelera y de grandes establecimientos comerciales, en una suerte de confinamiento parcial que mantendría abiertas las escuelas. Según manifestó el conseller de Educación, Vicent Marzà, en una entrevista en los informativos de À Punt, las escuelas “son parte de la solución y no del problema”, centros donde se detectan los contagios, no donde se producen. El modelo que plantea Compromís incluye la prohibición de las reuniones de grupos de personas no convivientes, toque de queda a las ocho de la tarde -con las excepciones previstas actualmente: trabajo y cuidados- y la suspensión de la actividad de la hostelería, y de los centros comerciales de más de 800 metros cuadrados.
En Unides Podem, coalición que ha mantenido un perfil más bajo en esta crisis sanitaria, han pasado de no posicionarse públicamente a exigir las medidas más severas. La coordinadora de Podem, Pilar Lima, reclama desde la pasada semana un confinamiento estricto similar al de la primavera con el estado de alarma, fórmula que incluye la suspensión de las clases y el teletrabajo en los sectores no esenciales. Ppr su parte, Esquerra Unida, socio de la coalición que sí ha mantenido un perfil más crítico, cree que la evaluación de nuevas medidas no deberían esperar a la próxima semana. Si las cifras no mejoran, el partido que dirige Rosa Pérez Garijo planteará en el Consell restricciones más severas como el cierre de la actividad no esencial, sin incluir los centros educativos, en línea con Compromís.