Los diputados valencianos, a excepción de los representantes del PP, han solicitado a Francisco Camps que abandone el Consell Jurídic Consultiu al ser señalado como responsable de la financiación ilegal del PP por los encausados de la trama Gürtel. En concreto, esta suerte de reprobación exige su renuncia al expresidente valenciano, que dimitió en 2011 por el caso de los trajes, “por incurrir en actos y comportamientos que no corresponden con la necesaria dignidad de la institución”.
PSPV, Compromis, Podemos y Ciudadanos han pedido además que el Consell ponga todos los mecanismos posibles para recuperar el dinero evadido por los responsables en casos de corrupción. Los populares se han abstenido en esta proposición, aunque firmaron la iniciativa para que fuera debatida en este pleno.
El resto de grupos parlamentarios han cedido a la condición del PP para que se pudiera debatir la propuesta: que fuera el último punto del pleno y que se pudiera presentar una enmienda, pese a que el reglamento no prevé que se puedan presentar enmiendas a las PNL urgentes.
El texto del PP sustituía toda la proposición para modificar la ley del Consell Jurídic Consultiu. En la defensa, la diputada popular María José Catalá, ha considerado que la PNL destila “irá, furia, resentimiento y venganza” y que “los tribunales de honor son propios del franquismo”. “Pretenden juzgar el honor en base a una opinión”, ha continuado. Para terminar una intervención carente de autocrítica, un fuerte aplauso de su grupo con la cabeza bien alta. La presidenta del PPCV no se ha pronunciado sobre las acusaciones de la Gürtel desde que Camps ha sido señalado.
Las Corts, pese a la posición del PP, reprueban de esta forma al expresidente Camps, que ya señaló el miércoles que no pensaba abandonar el cargo. El resto de grupos no han dudado en condenar al expresidente y señalar las acciones que merecen su reprobación: la trama Gürtel, el caso de la Fórmula 1, el trato a las victimas del accidente del metro... “Camps odiaba a su país”, ha sentenciado el portavoz socialista, Manolo Mata.
Los privilegios del expresidente cuestan a la Administración Pública cerca de 140.000 euros al año entre los 58.000 del Consell Jurídic Consulitu y la Oficina de expresidente con chófer y secretaria.