Les Corts Valencianes constituyen la primera comisión de investigación de la legislatura: una auditoría al sector público de la Generalitat Valenciana durante el Gobierno del Pacto del Botánico (la unión de PSPV, Compromís y Unides Podem-Esquerra Unida). La propuesta, aprobada con los votos del PP y Vox, se estrena en el Parlamento autonómico mientras el expresidente popular Eduardo Zaplana comparece en el juzgado por el 'caso Erial'. Los partidos de la oposición han señalado la coincidencia, que aprovechan para reclamar que las pesquisas parlamentarias se extiendan a etapas anteriores, dado que sobre sus gestores ha habido causas judiciales.
La propuesta de los socios del Consell que preside Carlos Mazón busca indagar en las “irregularidades” en el sector público instrumental de la Generalitat entre 2015 y 2023, los ocho años de gobierno de la izquierda. La mayoría conservadora con la ultraderecha rechaza extender la investigación, como han pedido PSPV y Compromís, que consideran que la propuesta es “un circo”.
La comisión, presidida por la diputada popular Maria del Carmen Contelles, abordará en su próxima sesión el plan de trabajo, con el calendario de sesiones y la lista de comparecientes. Las pesquisas parlamentarias se basan en informes de la Sindicatura de Comptes y la Intervención de la Generalitat, aireados por el Ejecutivo autonómico, que considera que hay sospechas suficientes como para ahondar la investigación. El Consell ha encargado varias auditoriías, aunque la oposición sostuvo en su momento que las consideradas irregularidades en la contratación se deben, en gran medida, a los contratos de refuerzo y emergencia durante la pandemia.
El portavoz adjunto socialista Toni Gaspar ha lamentado que “el PP no tiene intención de hablar de presente o futuro” y no quiere investigar un pasado que ha acabado en los tribunales, mientras que su homóloga de Compromís, Aitana Mas, considera “incongruente” que “el PP no quiera mirar atrás” en “una semana en la que está declarando Zaplana”. Los grupos que sostienen al Consell afirman que no es una investigación “contra nadie” y restan valor a las fechas escogidas para el análisis.
A la par, Compromís ha registrado este miércoles una petición para investigar el proceso de privatización de las ITV por el gobierno de Eduardo Zaplana, una de las patas del 'caso Erial' que sienta al expresidente en el banquillo esta semana. El proceso judicial aborda el supuesto cobro de más de diez millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunitat Valenciana y enfrenta al expresidente valenciano a una petición de pena de 19 años de prisión por parte de la Fiscalía Anticorrupción.
Compromís plantea que la comisión elabore un dictamen en un máximo de 18 meses en los que se citaría a expertos, colegios profesionales o representantes de sindicatos y organizaciones empresariales, además de pedir documentación a la Generalitat o a los servicios jurídicos