El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, tiene por delante uno de los mayores retos de la legislatura: conseguir los fondos suficientes para llevar a cabo las políticas públicas. Los pactos de Pedro Sánchez con Sumar-Compromís y Esquerra Republicana de Catalunya abren la puerta a la reforma del sistema de financiación autonómica, que condena a la Comunitat Valenciana a la cola de recursos por habitante y engorda año tras año su deuda; a reducir una parte de esa deuda, ligada intrínsecamente a la infrafinanciación, y a compensar, hasta que ello suceda, a las arcas públicas para salir de ese bucle.
El dirigente valenciano ha subrayado su compromiso con la reivindicación de la reforma del sistema de financiación, que su consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha trasladado al Ministerio homónimo. Del mismo modo, el Ejecutivo reclama una compensación por la falta de financiación hasta que se resuelva el problema, estimada en unos 1.500 millones de euros, a falta de que los expertos designados por las Corts Valencianes revisen el cálculo. Mazón también ha asegurado que su Ejecutivo “no perdonará ni un euro” de la financiación autonómica que corresponde. En su discurso de Navidad, volvió a asegurar que reclamará “con rigor, con perspectiva de Estado y sin privilegios, todo aquello que nos pueda ser negado”. Respecto a la condonación de la deuda, que también reclaman, insisten en que es un “parche” para negociar con Cataluña si no se produce una reforma estructural del reparto de recursos.
Con todo, el presidente valenciano cuenta en su gabinete de consellers con una formación política contraria al autogobierno, al Estado de las autonomías y a la condonación de la deuda. El vicepresidente del Consell y dirigente de Vox, Vicente Barrera, afirmó en una entrevista con Europa Press que la condonación de la deuda a las autonomías “es un caramelito para que nos callemos frente a la amnistía” y enfatizó que la propuesta que está encima de la mesa “no es una condonación”, ya que “ese dinero se sigue debiendo”, pero “cambia de saco”. El vicepresidente subrayó que su formación “no se va a tragar” esa promesa y sentenció que es una deuda que las comunidades autónomas “tienen con el Gobierno central y que hay que pagar”. “Ahora los valencianos debemos 10.000 millones de euros menos, pero, como españoles, debemos 10.000 millones, más los 15.000 de Cataluña, más otros 15.000 de Madrid... es decir, toda esa suma se volverá a repartir entre todos los españoles”, dijo, sobre el supuesto de la condonación, aún pendiente de abordar entre el Gobierno central y los autonómicos.
Vox tampoco forma parte de la plataforma que reclama una financiación justa y ha votado en contra de las iniciativas parlamentarias que reclaman la compensación por la infrafinanciación y la condonación de la deuda, dejando en manos de la izquierda salvar estas propuestas, incluso las presentadas por el propio PP. Esta postura rompe la unanimidad en las Corts Valencianes y en el propio Ejecutivo, donde la reclamación no es uniforme.
El presidente valenciano y la titular de Hacienda buscan alianzas para presionar al Ministerio de Hacienda en la reforma de la financiación, el objetivo de déficit y otras vías para obtener recursos. Por el momento, según han venido apuntando, trabajan con Murcia y Andalucía, las comunidades peor financiadas junto a la valenciana, y buscan incorporar a Castilla-La Mancha, la única de signo socialista, porque considera que se encuentra en “una situación similar respecto a la financiación”. Hasta la fecha, los de García-Paje se han venido manteniendo en una posición contraria a la de la Comunitat Valenciana respecto al cálculo de la población ajustada y los criterios del futuro modelo de financiación. El Consell prepara varias cumbres, similares a la desarrollada en Madrid, para abordar la reforma del sistema y trabaja con Murcia, que también ha elevado sus previsiones de déficit por encima de lo marcado por el Gobierno, en defender la asimetría. Además, prepara encuentros con Aragón por el eje comercial y con Baleares sobre turismo.
Sin embargo, en esta ronda de encuentros bilaterales, el líder popular evita trabajar con Catalunya. En una entrevista en la Cadena Ser, Mazón indicó que no se plantea hacerlo con el presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonés, si bien sí que quiere mejorar la relación con el pueblo catalán “porque creo que tenemos mucho en común y mucho que avanzar y creo que es muy bueno que haya espacios de encuentro”. Sobre el encuentro, dijo: “Realmente me cuesta ver qué podemos tener en común por lo que le estoy viendo”. Catalunya es el principal socio comercial de la Comunitat Valenciana dentro de España, según apuntan algunos informes.
La reclamación de más recursos para la Comunitat Valenciana choca con el planteamiento fiscal de la coalición de la derecha con la ultraderecha. La primera norma aprobada por PP y Vox en el Parlamento valenciano, a instancias del Ejecutivo, fue la bonificación del impuesto de Sucesiones y la modificación del de Donaciones, con un impacto de entre 160 y 230 millones de euros estimados solo para este año, con seis meses de gravamen. La ley de medidas fiscales congela también el impuesto de patrimonio y rebaja el impuesto de transmisiones patrimoniales, entre otras cuestiones. La renuncia en ingresos supera los 280 millones de euros anuales, según las estimaciones.