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El portavoz de Compromís en las Corts Valencianes, Joan Baldoví, denunciará el espionaje policial que sufrió cuando fue diputado en el Congreso. El líder de los valencianistas fue objeto de seguimiento por un nutrido grupo de agentes de la Policía Nacional durante el Gobierno de Mariano Rajoy, junto a medio centenar de parlamentarios de Podemos y otros partidos de izquierdas.
El diputado ha afirmado que acudirá a los tribunales, poco después de conocer la información. “Fui espiado por la policía del PP sin aval judicial”, ha denunciado, para después trasladar “la satisfacción de haber contribuido con mi voto a acabar con ese PP corrupto que espiaba a personas íntegras”.
“El único delito era ser de izquierdas, ser personas íntegras que trabajaban por el bienestar de las personas. Nos veremos en los tribunales”, ha señalado el hoy portavoz de Compromís en las Corts Valencianes, que entonces era su representante en el Congreso de los Diputados.
Según la documentación remitida por el Cuerpo policial a la Audiencia Nacional, documentado a través de ficheros con las consultas que sobre los movimientos de los diputados hicieron funcionarios de la seguridad del Estado, el espionaje se realizó entre 2015 y 2016. El juez indaga en quién y cómo dio las órdenes o si responde a una acción coordinada sobre las consultas. Algunas de ellas se realizan desde comisarías locales y especialidades ajenas a la investigación, pero otras intentan averiguar dónde se han desplazado y alojado los diputados y están realizadas por agentes de unidades de las que consta implicación en las maniobras contra Podemos.
Fuentes policiales cualificadas explican a elDiario.es que se trata de discernir en si un funcionario ha cometido un delito de revelación de secretos motivado únicamente por la curiosidad o si estaba realizando una investigación prohibida y prospectiva a un cargo público por orden de sus superiores. Todas las consultas realizadas fuera de un procedimiento judicial y no relacionadas con una investigación están prohibidas. La documentación enviada por el departamento de Asuntos Internos del propio cuerpo de Policía forma parte ya de la causa que el juez Santiago Pedraz sigue contra la guerra sucia contra partido político, desplegada durante el último Ejecutivo del Partido Popular.